“Este fallo viene a dar cuenta de que la negación continua que han hecho el Ministerio de Defensa y los militares a la información, no es real. Sigue habiendo información que debe ser entregada”. Con estas palabras, la periodista Catalina Gaete celebró el fallo de la Corte Suprema que obliga al Estado Mayor Conjunto a entregar una serie de actas de reuniones del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Catalina Gaete realizó en septiembre de 2015, como parte de una investigación para Radio y Diario Universidad de Chile, la petición de estos documentos a través de la Ley de Transparencia al Ministerio de Defensa, quien la derivó al Estado Mayor Conjunto, instancia que rechazó este requerimiento argumentando que la entrega de dicha información podía poner en riesgo la seguridad nacional.

La comunicadora recurrió de amparo al Consejo Para la Transparencia, instancia que le dio la razón, sin embargo el Estado Mayor Conjunto, a través del Consejo de Defensa del Estado, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones que también falló a favor de la periodista, terminando el proceso en el reciente fallo del máximo tribunal.

La periodista valoró esta determinación que, a su juicio, ratifica que el secretismo no puede mantener alejada a la ciudadanía de información “que puede ser importante para ellos”: “Hay información que no tiene por qué ser una amenaza para la seguridad de la nación ni el interés público, sino que todo lo contrario, estaría contribuyendo a la memoria histórica”, aseguró.

“Han pasado varias cosas que me dan a entender que la información que contienen estas actas es, efectivamente, de alto interés público y puede estar afectando los intereses de algunas de las partes involucradas, ya sea de las Fuerzas Armadas o de los gobiernos civiles. Evidentemente, el intento de proteger sus intereses más bien privados, lo único que nos queda a nosotros como ciudadanos y al periodismo, es seguir adelante y buscar esa información a como dé lugar”, agregó.

Si bien Catalina Gaete se manifestó conforme con tener acceso a 13 actas del Cosena, lamentó que algunas que dan cuenta de las reuniones de la institución, por ejemplo en medio de la detención de Augusto Pinochet en Londres, se haya denegado su acceso, aduciendo que podrían afectar las relaciones internacionales del país, argumento que pone en entredicho dado que no se ve de qué manera podría perjudicar a Chile y sus vínculos exteriores.

Lo mismo plantea Catalina Gaete con el concepto de Seguridad Nacional, que fue el argumento esencial por el cual le fue denegado en anteriores instancias el acceso a estos documentos.

Si bien comprende que en algunos casos sí se entienda que se aplique esta medida, de todas maneras plantea que “el concepto mismo de Seguridad Nacional debe revisarse y no puede quedar al arbitrio de las Fuerzas Armadas, debe estar en manos de los civiles”, aseguró.

“El concepto de Seguridad Nacional nadie está muy seguro de qué se trata. Está en la Constitución, si no me equivoco, y está en diferentes normativas, pero la definición del concepto es muy arbitrario, y además que está muy vinculado a los 17 años de Dictadura y la aplicación de una Doctrina de Seguridad Nacional que, básicamente, cualquier cosa que atentara al orden era una amenaza a la seguridad nacional, y evidentemente en el siglo XXI y con todos los dolorosos procesos de transición que hemos avanzado, ese concepto tiene que ser revisado y tiene que ser objeto de una deliberación ciudadana, pública y civil, por sobre todo”.

El rol del Ministerio de Defensa

Para Catalina Gaete, “lo más complejo” en todo este proceso, fue el actuar de algunas instituciones públicas, especialmente el Ministerio de Defensa, que apoyó la postura de las Fuerzas Armadas de no entregar estos documentos, dando cuenta, desde su punto de vista, que ciertas “prerrogativas militares hasta el día de hoy siguen activas”: “Esto da cuenta de prerrogativas militares que hasta el día de hoy siguen activas, y que por lo tanto requieren una revisión con un convencimiento democrático de que somos nosotros los civiles, los que debemos decidir sobre estos asuntos y no los militares”.

La periodista, que es autora del libro Vuestros nombres, valientes soldados de Ediciones Radio Universidad de Chile, recibió una oferta laboral a principios de abril de 2016, y días después el entonces jefe de Comunicaciones de la cartera, César Parra le propuso recibir las actas que había solicitado y luego eliminarlas, situación que derivó en que Cataina Gaete presentara su renuncia al cargo que había asumido recientemente.

“Ha quedado demostrado que las Fuerzas Armadas en Chile, hasta el día de hoy, tienen mucho poder, no sé si de convencimiento se podría decir, dentro del poder civil, para cooptarlo, para que sean los civiles que estén apoyando y los que emprendan acciones para apoyar a los militares, no solamente el Ministerio de Defensa y el ministro, particularmente dando declaraciones de apoyo a los militares diciendo que no hay más información, sino también en este caso que fueron con el mismo Consejo de Defensa del Estado, como los civiles, para proteger estas actas, para que no fueran publicadas”, señaló la periodista.

Finalmente, Catalina Gaete confirmó que el plazo de entrega máximo que tiene el Estado Mayor Conjunto para entregar estos documentos, se cumple el próximo 6 de diciembre.