“El Estado no ha mostrado hasta ahora un auténtico compromiso con sus universidades y eso es exactamente lo que queremos que cambie. Por lo tanto, exigimos que asuma la responsabilidad que le corresponda en relación a sus propias universidades y no las deje abandonadas como hasta ahora”. Con esas palabras, el rector Ennio Vivaldi dio a conocer su postura frente al rol que debe tomar el Estado con sus casas de enseñanza. Las declaraciones de la máxima autoridad de la Universidad de Chile se dieron en el marco del encuentro extraordinario del Consejo de Rectores, junta donde los líderes del CRUCH debatían en torno al documento que la Comisión de Educación del Senado entregó adelantando los criterios de las indicaciones que realizará el Ejecutivo al proyecto de ley de Educación Superior.

Los rectores también conversaron sobre la urgencia que merece el proyecto de Universidades Estatales, iniciativa de ley a la que el Gobierno le quitó la urgencia parlamentaria: “Queremos que el proyecto salga bien”, agregó Vivaldi. Las autoridades manifestaron su intención de legislar esta regulación de Educación Superior antes que termine el período legislativo, lo que ocurriría en marzo de 2018, cuando un nuevo presidente tome el mando del poder Ejecutivo.

Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del CRUCH, contó que durante el encuentro se dividieron en grupos de trabajo para revisar la minuta que llegó desde el Congreso. Afirmó que si bien aún no tienen conclusiones, pues estos temas todavía no se transforman en indicaciones concretas, el marco regulatorio debe garantizar que los recursos públicos estén destinados a fines públicos. Por lo mismo, indicó, se debe fortalecer la institucionalidad de estas características.

En ese sentido, anunció que como CRUCH “nos preocupa que tantas atribuciones queden concentradas en el poder Ejecutivo, porque no es para nada conveniente que el sistema de acceso a la educación superior, la determinación de las vacantes y la fijación de los aranceles queden en la voluntad política del gobierno en ejercicio”.

De esta manera, un sistema como la Prueba de Selección Universitaria (PSU) recaería en manos de una entidad en particular que sería dependiente del Ministerio de Educación (Mineduc). Actualmente está en manos de la Universidad de Chile, por medio del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre).

El rector Aldo Valle enfatizó en que uno de los puntos más importantes es que esto siga a cargo de lo que se decida en el CRUCH, que “ha hecho un gran aporte al tener el sistema de admisión que tiene”.

“Vamos a insistir en que las universidades no podemos perder este ámbito tan valioso de autonomía como es determinar los procedimientos, instrumentos y desde luego la administración del sistema de admisión”, agregó.

Por su parte, Claudio Elórtegui, rector de la Universidad Católica de Valparaíso, manifestó su preocupación sobre las atribuciones que tendría el Mineduc en cuanto a determinar vacantes y aranceles. “Nos parece peligroso que quede determinado por la autoridad política. Yo estoy en desacuerdo con que el sistema de admisión pase del CRUCH al Mineduc”, dijo.

Y, consultado respecto de las críticas que se realizan a partir de la PSU y su relación con la segregación que existe en el acceso a la educación universitaria de calidad, el académico explicó que ha habido algunas mejoras y que se hace necesario avanzar hacia un sistema que sea inclusivo, pero siempre de selección.

“Está claro que el sistema y los instrumentos tienen que ir mejorando. Está funcionando el indicador ránking y en ese aspecto hay que ir avanzando a que el sistema de admisión sea cada vez más inclusivo, pero hay que tener claro que es un sistema de selección y por lo tanto hay cuestiones que tienen que ver con la formación que entregan los colegios. Lo más importante es avanzar para que la educación escolar mejore en general y tienda a reducir las diferencias que existen hoy en día, porque la PSU es un instrumento”, declaró.

La acreditación fue otro de los temas tratados en la junta, sobre todo luego que se conociera que la Universidad de Atacama solo había sido acreditada por dos años. La reducción aplicada por el Consejo Nacional de Acreditación la deja fuera del proceso de gratuidad (para el que se exigen cuatro como mínimo), tal como ocurrió con la Universidad Arturo Prat y la Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce).