En medio de la campaña presidencial previa a la segunda vuelta, un informe de Contraloría determinó que hubo un retiro “administrativo” de pacientes de las listas de espera del Hospital San José en el gobierno de Piñera.

En tanto, desde la Fiscalía Regional de O´Higgins se ordenó incautar las fichas de 16 pacientes que fallecieron en el Hospital Regional de Rancagua en 2015, durante la administración de Michelle Bachelet. Ambos hechos llevaron a que la Cámara de Diputados aprobara una comisión investigadora sobre esta materia.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsal) anunció una querella por las muertes en el Hospital de Rancagua, mientras que el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, explicó que en la Fiscalía se investiga una presunta malversación de caudales públicos por el pago de bonos asociados al cumplimiento de metas que apuntaban a descongestionar la atención.

Óscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública, señaló que las listas de espera se generan por un desbalance entre la demanda de atención y la oferta disponible. A su juicio, esto ocurre por la insuficiencia de recursos que existe en el sistema de salud nacional, lo que se expresa en la falta de médicos y camas.

“Es posible mejorar, pero lo que no se puede hacer es mentirle al país. Decir que se va a terminar con las listas de espera es faltar a la verdad, porque eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Por otro lado, se generan expectativas en la población y lo único que ocurre con ello es que se desprestigia el sistema. A mí me parece que eso es inaceptable porque la salud chilena tiene prestigio internacional”, expresó.

Luego de la polémica en medio de las campañas, queda la incertidumbre de cómo se avanzará en concreto ante este dramático tema pendiente. Sobre los problemas de gestión que existen en el sistema, a los que también se le atribuye el retraso de las atenciones, el académico comentó que lo más relevante tiene que ver con la gobernanza del sistema, ya que los directivos cambian cada vez que asume un nuevo gobierno. Según explicó, cualquier posibilidad de mejora se ve afectada por la excesiva rotación de quienes conducen técnicamente la salud del país.

“No hay fundamentos para pensar que es posible fortalecer el sector salud sobre la base de la expansión privada”

Arteaga detalló que a nivel hospitalario, sumando el sector público y privado, existen 44 mil camas en el país, lo que equivale 2,2 por cada mil habitantes. Índice muy por debajo del promedio de la OCDE que es de 4,9 por cada mil habitantes.

Del total de camas, advirtió que las que son estrictamente privadas, es decir, de la Asociación de Clínicas de Chile, no alcanzan el 17 por ciento. Es por esta razón que el médico manifestó que la solución debe apuntar a un fortalecimiento y ampliación del sistema público, donde valoró la creación de nuevos hospitales.

“Si se desagregan esas camas privadas en términos de su distribución en el país, más del 65 por ciento de esas camas están ubicadas en la Región Metropolitana, en realidad se concentran en dos comunas del sector oriente de Santiago. Por eso, no hay fundamentos para pensar siquiera que es posible fortalecer el desarrollo del sector salud sobre la base de la expansión privada”, afirmó.

Óscar Riveros, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), dijo que el avance en materia de reducción de listas de espera, ya sea AUGE o no, ha sido muy lento.

En esa línea enfatizó en que como funcionarios han exigido una reestructuración del sistema, que concentre sus recursos en las prestaciones públicas, dado que las privadas son significativamente más costosas.

“Existe una situación perversa porque como el Estado no es capaz de responder a lo que está obligado por ley, se deriva a la gente a las clínicas privadas y acá los que ganan plata son justamente ellos. Yo estoy de acuerdo en que lo importante es que la persona se atienda, pero el valor cama en una clínica comparada con la atención pública es hasta diez veces más caro. Estamos hablando de 87 mil pesos en un hospital y cerca de 900 mil en una clínica”, argumentó.

Para el dirigente, aunque está instalada como derechos la atención prioritaria para los pacientes AUGE en los últimos años se ha demostrado que “la reforma del tiempo de Lagos no dio el ancho y no sirve”.

A esto se suma el informe emitido este año por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, donde se indica que casi 25 mil personas murieron el 2016 mientras estaban en listas de espera. De estas 22 mil 500 esperaban su primera atención médica y cerca de dos mil 400 una cirugía. Además, en las cifras se registró que más de 18 mil personas eran mayores de 65 años y 237 niñas y niños menores de 15 años.

En el caso de la lista de espera AUGE, la comisión de expertos convocada por el Minsal estableció que las que atención por cáncer deben ser prioridad. Esto, porque la detección y tratamiento oportuno de esta enfermedad es determinante para que una persona pueda recuperarse.

Sin embargo, según consignó El Mercurio, uno de cada cinco pacientes que están en lista de espera AUGE espera un diagnóstico oncológico. De las nueve mil atenciones pendientes, mil 600 están retrasadas, cuyo tiempo se puede extender de los 54 días a los 165, superando los cinco meses.