En 2016 una gran nube negra y de mal olor cubrió Santiago, se trataba de una emergencia ambiental, un incendio al interior del predio del relleno sanitario Santa Marta, en el límite de la comuna de San Bernardo y Talagante.

El fuego no solo encendió las alarmas de los santiaguinos, de ahí en adelante se inició un largo camino, aún sin solución. Ad portas de cumplirse dos años del siniestro, la comunidad aledaña a Santa Marta sigue desprotegidos. Los vecinos de Lonquén se sienten derrotados e incluso, piensan en vender sus terrenos para dejar de competir con el basural de la empresa a la que acusan de no hacerse cargo de una situación grave.

Andrés Zollner, vocero de la comunidad, denunció que la empresa no cumple con lo dictado por las autoridades. “Son muchos los temas que podría mencionar, que van desde el hecho que hay descargas ilegales con líquidos que nos parecen muy sospechosas. Sabemos que hay contaminación, pero a pesar de eso no se han tomado medidas; sabemos que la basura que quedó después del incendio esta sobre terrenos sin impermeabilizar, situación que se mantiene hasta hoy”.

El representante de los vecinos acusa que las autoridades ambientales “dicen algo sobre el papel, pero después, en la realidad les permiten hacer todo lo necesario para que el negocio siga funcionando”, sin modificaciones sustanciales.

Zollner es víctima de esta situación, relata que su casa está contaminada con líquidos sospechosos que corren por los canales de riego, asegura que con sus vecinos saben dónde se encuentra el tubo con las descargas ilegales y que se trataría de un punto de descarga que no está autorizado.

Falta de medidas

En 2016 el Gobierno catalogó como ‘impresentables’ las explicaciones de Santa Marta, salió a la luz el historial de la empresa: 40 sanciones durante los últimos 14 años, las que fueron por no respetar la normativa ambiental ni cumplir con los permisos otorgados.

El paso siguiente vino por parte de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, instancia que concluyó que la empresa operó fuera de la ley, en la ocasión también se cuestionaron los procesos sancionatorios de la Superintendencia de Medio Ambiente en la emergencia de aquel año, a lo que se sumó la necesidad de plantear cambios legales en el corto plazo para establecer en la ley el delito ambiental.

Pasaron los meses y los vecinos sienten que la clase política se olvidó del problema. Un claro ejemplo es que saben que la Municipalidad de Talagante estaría planificando botar basura en el mismo relleno. Andrés Zollner reconoce que ya no quiere oír las contradicciones de las autoridades. “Tenemos un fiscal que está investigando, que ha anunciado que va a formalizar, pero sabemos que existe un acuerdo de Fiscalía, a nivel regional, de no formalizar en este caso. Aquí hay cosas graves. Está creciendo la desconfianza en forma absoluta frente a lo que sucede, ya no sabemos a quien acudir”.

Las altas temperaturas que serán tendencia en estos meses preocupa a la comunidad aledaña a Santa Marta a tal punto que hay quienes estudian vender sus propiedades porque dicen, no va a mejorar la situación.

El toxicólogo de la Universidad de Chile y jefe del departamento Medioambiental del Colegio Médico, Andrei Tchernichin, asegura que la situación es una falla grave, sobre todo si hay peligro de incendio como el ocurrido el miércoles, principalmente por el tipo de sustancia que se vierte en el lugar: “Ahí se han desechado residuos hospitalarios y farmacéuticos, eso significa que si se incendia van a haber emisiones de compuestos orgánicos clorados que dejan secuelas muy graves en la salud de -sobre todo- los niños muy pequeños o los que están en vientre materno”.

Pese a las advertencias, las mejoras en el relleno sanitario se ven lejanas, la empresa encargada del predio, según lo relata Zollner, compró la siguiente quebrada, la que ya estaría interviniendo y preparando para una ampliación del predio. Los vecinos se organizaron para denunciar la intervención del sitio declarado prioritario de la biodiversidad, pero aseguran, no hay reacción de las autoridades para frenar el problema de fondo.