Una denuncia realizada durante la semana pasada llegó hasta el interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, acusó que ha sido impulsada una regulación que le haría un “favor” a los empresarios inmobiliarios, por medio de una eliminación “de las ilegalidades contenidas en muchos permisos de edificación objetados en la Contraloría”.

Se trata del proyecto de ley sobre transparencia del mercado de suelo, ingresado a primer trámite legislativo el 30 de junio de 2015, cuatro meses después de la publicación del primer reportaje del caso Caval.

“El Gobierno con el Congreso le están dando un golpe fuerte a la Contraloría, porque ahora ya no tiene ninguna importancia y, por otro lado, está beneficiando a los ‘amiguis’ que manejan la estructura del Estado, que son los grandes empresarios”, sentenció Herman, y agregó que una iniciativa así “da pábulo a interpretaciones de estudios jurídicos, por lo que no extrañaría que hubiera un estudio para decir, por ejemplo, que los guetos verticales podrían ser legales”.

Este tema en general convocó a la mesa directiva del Colegio de Arquitectos. Jorge Guzmán, miembro de la instancia, manifestó que esta ley iría dirigida a reconocer la existencia de una cantidad determinada de proyectos con problemas, tal como lo había adelantado Herman. Expresó que “es una validación de actos administrativos que están equivocados porque la Contraloría encontró, en esos permisos, aplicaciones equivocadas”. Hasta ahí sonaba como un respaldo a la denuncia, pero aclaró que “esos permisos se otorgaron, y fueron otorgados en función de la normativa que tenía en ese momento. Si se equivocó la dirección de obras municipales, es un problema de ellos, pero no del edificio ni del arquitecto ni del que construyó y menos del que compró. A nosotros nos parece muy delicado que haya cada cierto tiempo un cuestionamiento a cosas hechas”.

El arquitecto añadió que como gremio siempre velarán por el derecho de los arquitectos patrocinantes de proyectos, “que han tenido el cumplimiento de las normas como su primera obligación”.

“La opinión que vamos a defender es proteger el derecho de los arquitectos que han trabajado y han sacado sus permisos de edificación. Eso es una cuestión que no puede estar en tela de juicio permanentemente”, dijo.

Por su parte, Sebastián Gray, ex presidente de la organización gremial, explicó su visión respecto de regulación: “Este es un cuerpo normativo nuevo que pretende, entre otras cosas, regularizar aspectos legales que la Contraloría había determinado que no se podían aplicar, pero que en la práctica se estaban aplicando de todas maneras”, dijo.

Por último, el arquitecto manifestó que “es muy importante esperar a las aclaraciones que haga la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda. Yo hablé con gente de esa dirección hace unos días para saber qué opinión tenían sobre este artículo y creo que va a haber una respuesta oficial”.