Las movilizaciones estudiantiles que comenzaron en 2006 y que explicitaron las demandas de la educación superior, hoy vieron sus frutos pues la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de educación superior que asegura, entre otras cosas, la gratuidad para el 60 por ciento de los estudiantes y que proyecta un alcance para total de quienes accedan a la educación universitaria.

Con 70 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones se aprobó en tercer trámite la reforma de educación superior,  la aprobación incluyó las modificaciones presentadas por el Senado.

Con la presencia de la Ministra de Educación, Adriana Delpiano y el representante de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, los diputados discutieron los puntos de la reforma, la que planteó la creación de la Subsecretaría de Educación, la puesta en marcha de una superintendencia de educación superior, mecanismos para asegurar la calidad y la efectiva prohibición del lucro en las casas de estudios. Además de una estrategia nacional referida a la formación superior técnico profesional.

Pese al ánimo positivo en los primeros minutos de debate, con posterioridad se expresaron críticas a los cambios realizados por el Senado, las que fueron manifestadas por distintos parlamentarios como Yasna Provoste y Giorgio Jackson. El  ex dirigente estudiantil enfatizó en los reparos de la reforma que, en su opinión, constituyen retrocesos.

Tanto Jackson como Provoste criticaron el papel de la futura Superintendencia de Educación Superior, particularmente la ausencia de la facultad para supervisar la viabilidad financiera de las instituciones.   La diputada Cristina Girardi coincidió en este punto expresando el ejemplo de la Universidad Iberoamericana:

“La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) hoy se viste con ropa distinta y dice que está haciendo las cosas mucho mejor y es más rigurosa.  Sin embargo, dos semanas después que se había acreditado, la Universidad (Iberoamericana) quiebra”.  La parlamentaria agregó que la fiscalización “es una potestad que la tiene la CNA y este proyecto lo quita a la Superintendencia y a la CNA. Nadie fiscalizará que las instituciones tengan viabilidad financiera y eso es grave”.

Asimismo, la diputada y ex dirigente estudiantil Camila Vallejo reconoció que hay reparos pero el paso que se dio en la Cámara evita dejar el proyecto en manos del próximo gobierno. “Si no se aprobaba esto íbamos a comisión mixta y dejábamos al futuro Gobierno la tramitación de este proyecto, entonces, como decía Pepe Mujica ‘hay algunos que apuestan al todo o nada para quedarse con nada’”

Luego agregó que el rechazo significaría riesgos “con el ministro de educación de Sebastián Piñera que no cree en nada de esto”. Por ello, aseguró que con sus compañeros de bancada “no estábamos disponibles para poner en riesgo la reforma educacional por cuestiones que no son tan significativas  y que fueron modificadas, pero que además significan un avance respecto a lo que hay para los estudiantes”.

La parlamentaria comunista y quien fuera una de las líderes del movimiento estudiantil de 2011, también se refirió a la polémica por las instituciones fiscalizadoras y afirmó que “ausencia de fiscalización es lo que tenemos hoy día. Con la aprobación se crea una Superintendencia que vela por la educación (…) Estamos hablando de décadas peleando por un marco regulatorio coherente y ponerle freno a este libre mercado y lucro en el mundo privado. Con esta ley se crea una Superintendencia, nuevos estándares de acreditación, que hoy no es obligatoria y que esta reforma hace obligatoria; se termina con el lucro y se consagra la gratuidad”.

La ministra Adriana Delpiano celebró la aprobación del tercer trámite. En conversación con los medios afirmó que  ‘Chile hoy es mejor que ayer’, y agregó que tras la aprobación “tenemos calidad, una buena fiscalización, gratuidad y un marco regulatorio que mejore las relaciones entre las distintas instituciones de educación superior. Aquí hay intendencias, subsecretarias para velar por esto, para que miremos el futuro con más posibilidades”

Durante la jornada, la Cámara también aprobó los estatutos que regularán la situación de más de 86 mil funcionarios de la educación pública. Dicho proyecto quedará en manos del Senado y así, en la primera semana de marzo iniciará su tramitación para responder  a las demandas realizadas por los trabajadores.

Al cierre de esta edición se esperaba que la Cámara votara la aprobación del proyecto sobre universidades estatales.