Se busca “crear un daño irreparable a mi imagen, credibilidad y seriedad profesional, dado el cargo que ostento, al igual a la institución que pertenezco, quizás con la intención de hacerme a un lado a las investigaciones que dirijo, y a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas”.

Así se refirió el Fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, a la razón principal que lo llevó a iniciar la acción judicial en contra de Carabineros, particularmente los funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR).

En el documento, el persecutor denunció la organización de un montaje de pruebas para acusar a una de sus abogados asistentes, Monica Palma, por las supuesta entrega de información privilegiada a uno de los imputados de la denominada Operación Huracán, por la que se detuvo a  una decena de comuneros mapuches luego que la policía uniformada hiciera uso de algunas herramientas prescritas por la Ley de Inteligencia.

La querella fue acogida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Temuco, y en ella el abogado agrega que en diciembre del año pasado fue notificado de una investigación en contra de la mencionada funcionaria por el presunto delito de obstrucción a la investigación y también se le informó que él mismo formaba parte de quienes eran indagados por supuesto el encubrimiento de la situación constitutiva del delito de obstrucción a la justicia, dada la situación de  relación sentimental con Palma.

La investigación tendría su origen en el oficio 202 del 11 de diciembre de 2017 emanado de la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, a cargo del general inspector Gonzalo Blu quien lo remitió al fiscal nacional para poner en conocimiento que, en uso de las facultades que les otorga la Ley de Inteligencia, fue posible triangular la información que la abogada entregó a un tercero y que luego fue entregada  a miembros de la CAM. Ello implica la violación al secreto de información de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía.

“Los hechos relatados en dicho Oficio 202 de la Dipolcar son absolutamente falsos, jamás ocurrieron, ni nada similar a lo que allí se relata; es decir, él o los autores materiales e intelectuales del contenido de dicho oficio mienten en todo lo que allí se consigna.