El año 1967, con apenas 26 años de edad y siendo funcionario del Ministerio de Agricultura, Guillermo Julio elaboró el primer Plan Nacional de Protección contra Incendios Forestales de nuestro país, que con el apoyo financiero del gobierno francés de la época permitió establecer la primera unidad técnica en la materia con el objetivo de contrarrestar a un nivel profesional, el grave problema de la amenaza del fuego en los recursos naturales renovables de Chile.

El ahora director del Laboratorio de Incendios Forestales de la U. de Chile y miembro de los comités de expertos del Consejo de Política Forestal Nacional creado por decreto del Ministerio de Agricultura, fue también activo participante en la creación de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en 1971, siendo su director ejecutivo.

En esta entrevista, Guillermo Julio analizó la situación actual de Chile ante estos desastres, que año a año golpean durante los meses más calurosos, y abordó algunas propuestas que de mantenerse la voluntad política permitiría que nuestro país cuente con los medios para enfrentar de manera seria el riesgo que representan.

¿Cuál es la situación general de los incendios forestales en Chile?

Se observa una tendencia al incremento de los incendios forestales, esto especialmente en la última década. La explicación más valedera es el cambio climático que está generando condiciones difíciles, periodos de sequía muy prolongados, veranos con temperaturas altas y por muchos días, lo que genera condiciones para que en los combustibles forestales se inicien y propaguen incendios de alta conflictividad.

¿La magnitud de los incendios de la última temporada fue excepcional?

Es importante destacar algunos antecedentes. Hace 4 años atrás, en la temporada 2013-2014, se batió el record de superficie quemada en el año, se llegó a la cifra de 108 mil hectáreas, desde que existe registro de incendios, es decir desde la época de los ’60. Al año siguiente se batió nuevamente el récord con 128 mil hectáreas; luego el verano 2015-2016, se quemaron 42 mil hectáreas y, finalmente tuvimos la catastrófica temporada 2016-2017, en la que se quemaron alrededor de 580 mil hectáreas, una cantidad insólita en relación a lo que había estado ocurriendo los años anteriores.

Se sabía que iba a ser una temporada difícil por los períodos de sequía, condiciones climáticas, etc., pero jamás nos imaginamos que se llegara a una cifra tan alta, lo que es extremadamente preocupante porque aquí se van sumando los efectos del cambio climático.

Fue mucho lo que se perdió en bosques productivos y en vegetación nativa. Para los pequeños y medianos propietarios ese verano fue un verdadero desastre, hubo empresas como la Forestal Arauco que perdieron alrededor de 90 mil hectáreas de plantaciones forestales; por su parte, la Forestal Mininco, 20 mil hectáreas, además de todo el impacto en la biodiversidad, suelos y recursos hídricos sobre los cuales se produjo un deterioro enorme. Fue muy grave el problema, especialmente en el tema social, por la gran cantidad de propiedades rurales y urbanas quemadas.

¿Cómo evalúa la respuesta a estos últimos incendios 2016-2017?

Los sistemas de protección se vieron completamente superados, además que todo esto se concentró en un período muy corto, entre la segunda quincena de enero y la primera de febrero. Entre el 60 y el 70 por ciento de lo que se quemó, ocurrió en tres semanas.

No se disponía de la capacidad para enfrentar un problema de tal magnitud a pesar de toda la ayuda que llegó del exterior, brigadas de combate, aviones de muchos países, pero la capacidad que se dispuso fue completamente superada. Esto repercutió de forma grave en la opinión pública, en el gobierno, en las empresas forestales, derivando en un gran debate sobre cómo deberían abordarse las situaciones que se podrían generar en los próximos años, como consecuencia de los evidentes efectos del cambio climático.

¿Se ha avanzado en los cambios para enfrentar futuros incendios?

Sí, de hecho, los presupuestos forestales orientados a la protección contra incendios prácticamente se duplicaron para este año, desde los 80 millones de dólares que se dispuso para la temporada 2015-2016, a los 160 millones dólares previstos para la presente temporada. De éstos, cerca del 50 por ciento lo provee el sector privado, las empresas forestales y el otro 50 por ciento entre CONAF y el Ministerio del Interior. Además, hubo muchos encuentros del sector público y del sector privado para ponerse de acuerdo en buscar mecanismos integrados que permitieran mitigar lo que podría venir los próximos años, muchas comisiones de trabajo, muchas alianzas.

Ejemplo de ello, es que se están trayendo equipamientos mucho más potentes, especialmente aeronaves, se aumentaron las brigadas terrestres, se están iniciando importantes programas de prevención, entre otras acciones, gracias al incremento fuerte que se ha hecho para financiar todo esto. En este sentido, hay hechos positivos, porque la disposición es claramente más positiva, también ha habido consecuencia, preocupación por mejorar las capacidades para defenderse contra el problema, pero todavía hay falencias importantes que deben resolverse.

¿Cuáles son los desafíos que quedan pendientes?      

Uno es el tema del servicio forestal. La CONAF, que estrictamente es una corporación de derecho privado, implica muchas limitaciones, en su operación, en su agilidad y en el respaldo legal que debe tener para aplicar las acciones que corresponda.

Hay cuestiones que son realmente curiosas que no pasan en ningún otro país. Por ejemplo, que los funcionarios de CONAF no están considerados como ministros de fe. Si un guardabosque de CONAF descubre a una persona que está provocando un incendio, su palabra no vale. Debe ir a buscar a un carabinero o algún funcionario de una institución pública que tenga esa potestad. Por ejemplo, los funcionarios del SAG tienen potestad pública, pueden fiscalizar.

En este marco, se vislumbra con urgencia la creación de un Servicio Forestal y una respuesta a esto ha sido la preparación del proyecto de ley correspondiente, que se envió antes de la temporada anterior, pero se agilizó con carácter de urgencia en los últimos meses. Ahí se proveen algunas normas que favorecen al servicio para responder como institución de mejor manera el rol que le corresponde cumplir.

No tenemos una ley de incendios forestales, hay un proyecto bastante bueno en la materia que se preparó entre los años 2010 y 2012, donde concurrieron todos los actores públicos y privados, a fines del primer gobierno de la Bachelet, el que luego lo revisó el gobierno de Piñera y se mejoró, pero posteriormente ocurrieron los grandes incendios de Torres del Paine y Pichiqueime-Florida, que postergaron su envío al Parlamento porque se plantearon algunas medidas de urgencia muy puntuales.

Así, desde punto de la legislación referida a incendios está claro que somos los más atrasados en toda América Latina, aunque en capacidad técnica Chile estamos entre los mejores, con un capital humano muy bueno.

¿Cuáles son, desde su perspectiva, los temas insoslayables para contar con una buena política de incendios forestales?

Hay tres cosas fundamentales: un servicio forestal capaz de manejar los intereses país en este tema, que exista una ley en la materia que provea las herramientas legales suficientes para que se puedan aplicar las acciones que correspondan, y establecer la cultura de mirar de forma estratégica este problema, sobre todo con lo que se prevé debido a los efectos del cambio climático en los próximos años.

La administración forestal fue un desastre el siglo pasado, muchas concesiones, mucha tala indiscriminada de bosques, mucha explotación irracional de los bosques, y aunque ahora la conciencia de la población ha mejorado significativamente en lo que respecta a valorar lo que representan nuestros bosques, es muy poco lo que hemos avanzado en la reglamentación forestal.

*Vía: Campus Sur Universidad de Chile