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Año XIII, 5 de agosto de 2021

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Funcionarios de Fiscalía denuncian a Abbott por prácticas antisindicales

La acción de tutela busca que se dé por acreditada la violación a la libertad sindical por los "actos graves y reiterados que atentan en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores", según señala la demanda a la que Radio y Diario Universidad de Chile tuvo acceso. Se trata de la segunda vez que el Fiscal nacional es demandado en sede laboral como jefe de la institución, en la oportunidad anterior el procedimiento terminó mediante una conciliación.

Claudia Carvajal G.

  Miércoles 7 de febrero 2018 17:35 hrs. 
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“Hay que ser valiente para demandar al Ministerio Público. Es un trámite largo y caro, porque tenemos que contratar abogados que nos defiendan, mientras a nuestro demandado lo defiende el Consejo de Defensa, lo que constituye una aberración en un estado de derecho, porque se garantiza una defensa gratuita para la parte más fuerte en un pleito judicial, mientas la más débil debe costearse todo. Es una injusticia tremenda”.
Así se refirió Paulina Ruiz, presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, Fenamip, a la decisión de su asociación de iniciar una denuncia de práctica antisindical en contra del Fiscal  Nacional Jorge Abbott. La dirigente se refiere a la imposibilidad que tienen los trabajadores y funcionarios del Ministerio Público de acceder a una defensa gratuita, pues no califican dentro de los beneficiarios de la Defensoría Laboral, mientras que el Ministerio Público forma parte de los organismos del Estado a que son asesorados, defendidos y representados por los abogados del Consejo de Defensa.La acción judicial  se fundamenta en el incumplimiento del acuerdo de conciliación que puso fin a otro procedimiento judicial iniciado contra la autoridad nacional. También se señala que las prácticas hostiles han continuado.

Para la dirigente gremial, uno de los puntos más importantes que debe ser conocido es la indefensión de los trabajadores debido a falta de un órgano fiscalizador que supervise el actuar del Ministerio Público en cuanto a su rol de empleador.

“Es necesario que la Contraloría General de la República tenga potestades fiscalizadoras sobre el Ministerio Público, la autonomía debe ser para  la persecución penal, no para tener márgenes de arbitrariedad en la aplicación de despidos, sanciones administrativas o no responder ante la Contraloría General por reclamos ante la resolución de concursos públicos, sumarios o temas financieros. (…)  En gran parte, el no contar con un control externo para el Ministerio Público, ha generado el clima propicio para que seamos los sindicatos activos quienes debamos adoptar un rol fiscalizador y recurrir a Tribunales en la defensa de los derechos de los trabajadores y también  para resguardar la integridad de nuestra organización.”

Fenamip pide en la demanda, que se condene al Ministerio Público a una multa equivalente a 150 Unidades Tributarias Mensuales, que se subsanen los actos que constituyen la práctica antisindical denunciada, también piden disculpas públicas y finalmente que se condene al Ministerio Público a la realización de campañas de promoción sindical, charlas de derecho colectivo del trabajo y de derechos individuales de los trabajadores del Ministerio Público.

El Ministerio Público contestó la demanda pidiendo que se desestimen las alegaciones pues “no concurren los supuestos de hecho para dar por existentes las presuntas vulneraciones que se denuncian”, según se señala en el texto de la contestación de la demanda.

La acción de práctica antisindical a la que alude Fenamip busca proteger la actividad de los sindicatos, sus dirigentes o integrantes, frente a acciones de parte de una persona (empleador principalmente) que interfieran o limiten la libertad sindical, es decir, que perjudiquen directamente a una agrupación sindical o a sus miembros o impidan la afiliación de nuevos trabajadores a los sindicatos. En esos casos los sindicatos, a través de sus dirigentes, o directamente los trabajadores, pueden presentar la denuncia ante la inspección del trabajo o en los tribunales laborales.

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