La Universidad Católica presentó este jueves un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para evitar que se aplique un reglamento en el marco de la ley que despenaliza el aborto en tres causales.

La acción judicial, dirigida en contra del ministerio de Salud, se enfoca en el reglamento sobre objeción de conciencia personal e institucional en casos de interrupción del embarazo. Además, pide una orden de no innovar, para que la norma no se implemente mientras la justicia no se pronuncie sobre el recurso.

De acuerdo a la institución, el protocolo contiene normas ilegales y arbitrarias y limita la igualdad ante la ley, la libertad de asociación, el derecho de propiedad y el derecho a manifestar sus creencias.

La UC argumenta que hay aspectos del reglamento que no le permiten ejercer su derecho a no hacer abortos y que la restricción de esa garantía debe hacerse a través de una ley, no de una resolución exenta.

Asimismo, recalca que la nueva ley no permite la objeción de conciencia cuando está en peligro la vida de la madre y no hay otro médico que pueda hacer el procedimiento, pero no establece límite en otros casos.

El recurso judicial se explica por un punto específico del reglamento: los convenios que el Minsal tiene con instituciones privadas para atenciones ginecológicas y obstétricas, donde las primeras no pueden argüir objeción de conciencia.

Esto, porque la universidad mantiene un convenio con el Servicio Metropolitano Sur Oriente desde 2003, para la red de atención de centros de salud familiar Ancora. “Existen disposiciones que atentan contra los derechos constitucionales y constituyen un acto arbitrario e ilegal, impidiendo una de ellas a la universidad manifestar objeción de conciencia institucional respecto de la práctica de abortos por el sólo hecho de haber suscrito un convenio”, dice el recurso.