“Alto nivel” de hacinamiento, señala el documento que elaboró durante el año pasado la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema. El informe da cuenta de que 28 de los 56 penales del país se encuentran con sobrepoblación.

El texto señala que “este resultado es producto de la estimación promedio de sobrepoblación en los recintos a nivel nacional, lo cual termina ocultando la dramática realidad de que algunos establecimientos tienen graves problemas de superación de ocupación”.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos señalaron que cerca de un tercio de la población penal no se encuentra cumpliendo condena, sino que son derivados a los recintos como medida cautelar de prisión preventiva.

Otro de los problemas que evidenció la investigación fue la calidad de vida de los reos. Según indica, son prácticamente todos los recintos penitenciarios los que obligan a sus reclusos a pasar entre 14 y 16 horas de encierro.

El Presidente de la Corte Suprema, Harlodo Brito, hizo un llamado a trabajar para mejorar una situación que no cumpliría con los estándares mínimos: “Nuestra preocupación va precisamente entendiendo que las personas están privadas de libertad como único derecho restringido, pero se trata de proteger su integridad de personas. Ciertamente hay estándares internacionales que cumplir”.

Las críticas no tardaron en emanar desde los funcionarios de gendarmería. Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, afirmó que urgen reformas al sistema:  “No es primera vez que la Corte Suprema llama la atención respecto de las condiciones en las cárceles chilenas, hay varios llamados por parte de este tribunal, también de otros organismos y de los propios gremios de Gendarmería”.

Por si fuera poco, el texto también da cuenta de otra cruda realidad. En 16 centros los presos no reciben comida durante 16 horas y solo dos recintos cuentan con agua caliente, 48 poseen agua fría y cuatro tienen acceso parcial al suministro.

Según datos de Gendarmería, el pasado diciembre la población penal de Chile alcanzaba las 110.492 personas, de las que 97.855 eran hombres y 12.637 mujeres.

Nuevos centros penitenciarios 

Una vez revelada la información, el ministro de justicia y DDHH, Jaime Campos, expresó: “No podemos dudar ni controvertir lo que ahí está contenido (…) No nos sorprende para nada el contenido del informe. Las situaciones ahí narradas y contenidas las conocíamos y no constituyen novedad para nosotros”.

En ese sentido, aseguró que el pasado 27 de abril del 2017 se firmó el decreto Supremo 382 que establece el nuevo reglamento penitenciario en Chile. Esto implica “un conjunto de normas a que deben someterse todos los establecimientos del país y que regulan las actuaciones de los condenados y de los funcionarios de Gendarmería, incorporando la variable del respeto a los Derechos Humanos de todos ellos”.

Respecto de la puesta en marcha,  la autoridad explicó que debía ponerse en práctica desde el primero de diciembre del 2017 en los recintos penitenciarios para responder a la realidad de quienes están privados de libertad en nuestro país.

Dentro de otras soluciones, Campos aseguró que las medidas son a largo plazo, pero que en agenda se encuentra la inauguración de dos centros penitenciarios para antes del 11 de marzo: uno en la ciudad de Concepción y otro en Arica. Además, anunció la licitación de nuevos centros a nivel país, descartando el traslado de presos a los futuros proyectos.

El jefe de la unidad Jurídico Judicial del INDH, Rodrigo Bustos, aseguró que “es muy difícil cumplir con el objetivo y la finalidad que tienen las cárceles teóricamente que es la reinserción cuando existe este nivel de hacinamiento en alguna de ellas”.

“Las personas prácticamente en algunos casos están muy pocas horas afuera de sus celdas y, por lo tanto, lo que cabe aquí es cambiar la mirada sobre la situación carcelaria en Chile y que el Estado entienda que las personas privadas de libertad son personas que mantienen todos sus derechos”, agregó.

Sobre el punto planteado por el INDH, Campos aseguró que durante el año pasado hubo instancias para discutir la reinserción social con agrupaciones del sector público y privado, además de instituciones morales, religiosas, académicas, ministerios, etc.

“Durante un año de manera silenciosa trabajamos en la elaboración de una política nacional, pública e integral en el ámbito de la reinserción social, puesto que nunca en la historia de Chile se había construido una para los condenados”, agregó el ministro.

Al respecto, aseguró que este trabajo y las conclusiones fueron presentadas tanto a la actual mandataria Michelle Bachelet como al futuro presidente Sebastián Piñera. Además, al papa Francisco en su visita a nuestro país y a todos los ministros de Justicia de Iberoamérica.