En 2017 ingresaron a Chile 111.746 ciudadanos haitianos, lo que representó un aumento de 138 por ciento con respecto del 2016. Estas cifras no pasan desapercibidas entre las autoridades nacionales, razón por la cual han puesto el tema migratorio como uno de los principales ejes de la agenda pública.

De hecho, desde el venidero gobierno de Sebastián Piñera ya anunciaron estar estudiando la implementación de una visa para regular la inmigración proveniente del país más pobre de América Latina.

En ese sentido, el siguiente ejecutivo ha realizado una serie de consultas a expertos, ONG y fundaciones, para evaluar la viabilidad  de la política de visado para haitianos. Hasta ahora las consultas han sido preliminares, sin embargo se espera que después de asumido el gobierno comiencen a concretarse.

Para el Director Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Pablo Valenzuela, esta medida en proceso de evaluación no haría más que poner en riesgo la seguridad de los haitianos, porque con o sin visa, el fenómeno de la migración no se puede detener.

“La visa consular a Haití sería una medida que no tendría ninguno de los efectos esperados respecto a reducir el ingreso de personas haitianas a Chile, sino todo lo contrario, lo que haría es perder el control sobre estas entradas al aumentar el ingreso por pasos no habilitados. Por lo tanto es además una medida que pondría en riesgo las vidas de estos inmigrantes”, expresó.

Valenzuela dijo también que en caso de aplicarse la medida, no se ajustaría a los estándares de derechos humanos que las organizaciones de migrantes y pro migrantes anhelan y buscan en las reformas que propongan los gobiernos.

El director del Servicio Jesuita a Migrantes recordó que la medida ya fue aplicada de manera unilateral en 2012 a los ciudadanos dominicanos, lo que no ha hecho más que aumentar en aproximadamente un 600 por ciento las expulsiones de estos.

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo de Migraciones, Eduardo Thayer, afirmó que la exigencia de visa al pueblo haitiano no frenará la oleada migratoria, y al igual que Valenzuela, evocó  la medida que se aplicara en 2012 contra los oriundos de República Dominicana.

“Esto ha tenido consecuencias muy negativas para esa población, ya que como hay trabajo para los dominicanos, y hay redes sociales a la información y al mercado laboral, el flujo migratorio dominicano no se detuvo con la visa. O sea, si quieren detener el flujo de haitianos con la visa consular, es una medida que está demostrado que en este país no funciona. Ahora la magnitud de la población dominicana es bastante menor que la haitiana, entonces el daño que se generará, si se instala esa visa a los haitianos, será mucho mayor”.

Al respecto, Thayer afirmó que el posible visado para haitianos es una medida que no hará más que empeorar lo que ya se tiene. Por eso no dudó en tildar esta propuesta como irresponsable.

“Esto opera sobre la base de que les niegan las visas o las regulan, y sin embargo la voluntad de las personas, las redes sociales y las demandas de trabajo en este país hará que el flujo se mantenga pero en condiciones de irregularidad, de tráfico, de trata de personas. Entonces es una medida irresponsable”.

Consultado sobre qué es lo que pasa con los haitianos que ya residen en Chile, Thayer dijo que solo una parte menor está en situación irregular, y muchos de los que sí están, se encuentran en trámites para regularizarse.

“Lo que pasa es que el departamento de extranjería, la policía de investigaciones y el registro civil no han modernizado sus sistemas para responder a la demanda de esa documentación. Hay un problema institucional, pero no es que estén en situación irregular, eso es un mito”.

Lyné Francoise, miembro de la Organización Sociocultural de Haitianos en Chile, prefiere ver el vaso medio lleno. Pues si bien reconoce que esta puede ser una medida arbitraria y discriminadora, no oculta sus esperanzas de que con esta se terminen las expulsiones sin motivo.

“Lo positivo es que las personas que pedirán las visas, y se las den, no podrán devolverlas sin motivos como se hace hasta ahora. Porque hoy las personas pueden tener todo lo que se pide, sin embargo igual a muchos los mandan de vuelta, y eso está muy mal”.

Si bien hay un grupo de expertos a quienes se les consulta por la factibilidad de la medida, la decisión estará en manos de los ministros del Interior, Andrés Chadwick, y de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. Sin embargo es el propio presidente electo quién tendrá la última palabra.