“No nos haremos cargo de un rumor”, con esa frase el Gobierno habría decidido enfrentar las declaraciones del abogado de los reos de Punta Peuco, Raúl Meza, que daban por cierta la firma del decreto supremo que cerraría el penal.

Sin descartar que en estas últimas horas de gestión puedan ser trasladados los violadores de derechos humanos internos en la cuestionada cárcel, las autoridades desconocieron que la presidenta Michelle Bachelet haya firmado este viernes el documento para dar curso con la acción de clausura.

Pese a la hermética postura del Ejecutivo, algunos diputados como el PC Hugo Gutiérrez confirmaron las declaraciones de Meza. A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario indicó que el cierre del penal ya era un hecho: “La guinda sobre el helado. Se cerró cárcel de Punta Peuco. Se acabó la extorsión a la democracia impuesta por las Fuerzas Armadas”.

Desde el mundo de los Derechos Humanos critican la forma en que el gobierno ha llevado el tema. Para Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, estos rumores no hacen más que quitarle seriedad al tema.

Antes, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, había señalado que “es innecesario el comportamiento de los poderes del Estado respecto a lo que es la impunidad en contra de los crímenes de lesa humanidad. Se sigue manteniendo esta sensación de docu reality de qué va a pasar con Punta Peuco cuando es un tema mucho más profundo y grave y que tiene que ver con cómo avanzamos como país para afianzar una construcción democrática que tenga en el centro el respeto por los derechos de las personas”.

Desde la administración entrante, Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior que desde el viernes ya está en sus funciones, dijo que esperan conocer si se firmó o no el documento de cierre que, según Meza, se encontraría en Contraloría a la espera de toma de razón. Dicha confirmación se daría cuando el pleno del gobierno de Sebastián Piñera entre en labor.