El pasado 4 de marzo el Comando Unitario de Ex Presos Políticos, representado por los abogados Paz Becerra y Francisco Jara, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusando el incumplimiento del Estado chileno en la reparación de las víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura liderada por Augusto Pinochet, así como la falta de investigación en estos casos.

La abogada Paz Becerra conversó con nuestro medio acerca de la medida adoptada, la que podría determinar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo un proceso en contra del Estado en su conjunto.

¿Qué motivó esto? La representante de los ex presos políticos señaló que fueron los compromisos tomados por la última administración de Michelle Bachelet respecto de la reparación a las víctimas como también las medidas que impiden avances en los procesos judiciales, como el secreto del informe Valech I, el cual la ex presidenta aseguró sería revelado.

En esto las instituciones creadas por el Estado y que deberían cumplir funciones que promocionen el respeto a los Derechos Humanos, también son blanco de críticas. Como es el caso de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la que no presta apoyo legal a las víctimas de prisión y tortura, pasividad similar que se da con el INDH, pero en términos más amplios.

“El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene competencia desde 1990 en adelante, entonces no puede participar de las querellas. También hay otra serie de organismos que han sido creados y que tienen como función promover los Derechos Humanos, por lo que deberían dar promoción a esto y no se ha hecho”, dijo Becerra.

Esta es la primera presentación que apunta de manera directa al secreto Valech y que abarca a los ex presos políticos en general. Anteriormente en un fallo de la Corte Interamericana hubo un pronunciamiento sobre el bloqueo de esta información, pero que resultó insignificante en la práctica para develar la verdad. Durante el mandato de Bachelet, en esta línea, se presentó un proyecto que no ha prosperado.

“Existe un proyecto inicial, después se modificó. Ahora como están las cosas, no hay avances en la materia, no hay nada concreto. Estábamos ante un gobierno que se comprometió a cambiar las materias pero ya terminó, estamos en una situación derechamente de incumplimiento”, dijo Becerra.

La presentación apunta al Estado en su conjunto y si bien la abogada destaca que el Poder Judicial sí ha cumplido con la labor de perseguir a los autores de asesinatos y desapariciones en dictadura, reconoce que con los ex presos políticos no se da en la misma medida.

“En los casos de investigaciones sobre la prisión política y la tortura, esos casos son los que menos se han investigado y se inicia la investigación a petición de víctimas y son sumamente pocos y recientes. Lo que más apuntamos es que el Poder Ejecutivo, si desde el 2010 está prestando asistencia legal a familiares de víctimas fatales, lo que consideramos que está bien, también debería ser para los sobrevivientes de prisión política y tortura. No hay ninguna razón para hacer esa distinción entre víctimas y familiares”, señaló.

Es común que estas presentaciones duren años en tramitación, algo que urge tomando en cuenta que muchas víctimas van muriendo progresivamente debido a enfermedades consecuencias de la tortura, por lo mismo, Paz Becerra señaló que la acción en la Comisión Interamericana es también una medida de presión política.

“No podemos tener grandes expectativas, porque ya pasaron cuatro años del gobierno de Bachelet y no se concretaron los avances, sino que se dilató. Las agrupaciones estuvieron en constante movilización, realizaron huelgas de hambre, se tomaron el INDH. Con la denuncia no sólo queremos judicializar ante la autoridad internacional, sino que también es una herramienta de presión política, aunque no tenemos una esperanza puesta en esta nueva administración”, manifestó.

La presentación fue acompañada con los antecedentes de miles de víctimas de la dictadura, así también con las constancias que dejaron las diversas reuniones sostenidas por los ex presos políticos con el gobierno de Michelle Bachelet.