Señor Director:

Como todos sabemos, el espíritu de la ley al crear el COMPIN y la Superintendencia de Seguridad Social fue que sirvieran de organismos fiscalizadores ante el posible aprovechamiento ilícito del sistema de licencias médicas por parte de algún trabajador o trabajadora, con la complicidad del facultativo falto de ética que avalara tal proceder.

Sin embargo, en los hechos el COMPIN y dicha Superintendencia tuercen el espíritu de la ley al considerar que todos los trabajadores y trabajadoras que tienen la desgracia de tener que hacer uso de una licencia médica son aprovechadores que pretenden valerse del sistema, intención que hacen extensiva  a los médicos tratantes, dudando de paso de su integridad.

Así, para tratar de frenar a estos “aprovechadores” los hacen entrar en un burocrático “compra huevos”, que funciona de la siguiente manera: Yo, el COMPIN, te rechazo la licencia; tú, para apelarla debes volver donde el médico tratante, quien la ratifica; yo te la vuelvo a rechazar; entonces tú, para apelarla, debes volver donde el médico tratante, quien la vuelve a ratificar. Sin embargo, esta última apelación debes hacerla ante la Superintendencia, la que tiene que esperar que le llegue el informe del COMPIN para considerarla por un sí o un nó. Este proceder se repite en cada oportunidad en que la licencia es prorrogada.

En este jueguito maléfico pasan meses y meses: siete, ocho y más durante los cuales el o la paciente queda en la más absoluta indefensión, convirtiéndose en verdaderos indigentes que viven gracias al apoyo de su familia y los/las que no la tienen, de la bondad de amigos y/o vecinos. ¿Es este un trato digno para trabajadores y trabajadoras que con su esfuerzo de años aportan al desarrollo de nuestro país? Desde luego que nó, ESTE ES EL MÁS FLAGRANTE ABUSO Y LA MÁS CLARA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MILES DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.

Es lamentable que este reprochable proceder ocurra a vista y paciencia de organismos y reparticiones que posiblemente pertenecen a los tres Poderes del Estado y que, al parecer, hasta ahora prefieren mirar para el lado.

Por lo mismo, señor Director, creemos que es la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo que debe velar por la principal reserva moral que tenemos todos los seres humanos cual es nuestra dignidad, quien debe ejercer todas las facultades que le otorga la ley para poner término a la brevedad a esta grave y enojosa situación.