La ONU dio a conocer un dictamen donde determinó que el Estado chileno vulneró el derecho a la libre expresión en el caso una intervención artística del espacio de memoria Londres 38 creada en el marco de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado.

El 6 de septiembre de 2013, la organización instaló una obra denominada Puentes de la memoria que tenía por objeto intervenir nueve pasarelas del Río Mapocho. La acción consistía en la exhibición de 17 lienzos que aludían a las violaciones a los derechos humanos en dictadura.

El día 8 del mismo mes, sin embargo, los autores del proyecto recibieron un video que mostraba cómo Carabineros desmontó una de las obras. Posteriormente, la organización constató que el resto de las piezas habían sido retiradas.

Frente a esta situación, tanto Londres 38 como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección, no obstante, el tribunal declaró la acción como inadmisible.

Según especifica el dictamen de la ONU, Carabineros argumentó que las obras habían sido retiradas para proteger el orden público, ya que los lienzos podrían quemarse.

Para Gloria Elgueta, vocera de Londres 38, este argumento resulta grave, ya que “permite pensar que todos los lienzos y material publicitario que está en las calles debería ser retirado en atención al riesgo que podrían correr los transeúntes”.

“Nosotros solicitamos la restitución de los lienzos, pero sólo la Municipalidad de Santiago consiguió la devolución de cuatro de esos lienzos, por lo tanto, hay nueve que continúan desaparecidos. Entonces, esta práctica de la desaparición Carabineros no sólo la ha aplicado sobre las personas, sino que también la continúan aplicando respecto de aquellos elementos que constituyen denuncia de esas prácticas del pasado”, añadió.

La resolución de la ONU indica que las piezas están protegidas por el derecho a la libertad de expresión que incluye “la posibilidad de toda persona de expresar sus ideas y difundirlas”.

Por su parte, Magdalena Garcés abogada de DDHH y de Londres 38, sostuvo que el organismo dispuso una serie de recomendaciones que deberán ser adoptadas por el Estado chileno: “Se pide localizar los lienzos o proporcionar una información a los denunciantes respecto de qué pasó con esos lienzos, reconocer públicamente que se han violado los DDHH, en este caso la libertad de expresión, y adoptar cualquier tipo de medida que satisfaga a los denunciantes. Por otra parte, aconseja adoptar medidas de prevención para que hechos como este no vuelvan a ocurrir”, concluyó.

Con esta resolución, el Estado chileno tiene un plazo de 180 días  para informar sobre las medidas adoptadas que recomienda el organismo internacional. Estas acciones deben ser acordadas con Londres 38.

Revisa aquí la resolución.