Recién se comienza a encender el debate sobre migración, luego de que el gobierno anunciara indicaciones al proyecto de ley de 2013 y que, de paso, comunicara que dispondrán de ciertas medidas mediante decretos presidenciales, tales como el cambio de condiciones para los ciudadanos haitianos y venezolanos que viajan a Chile.

Mientras que los primeros tendrán que acceder a una llamada Visa Consultar de Turismo Simple solicitada en país de origen, que les dará un máximo de 30 días para personas que vengan con fines de recreación y otros. Por otra parte, los ciudadanos de la segunda nación tendrán acceso a una Visa de Responsabilidad Democrática, que les permitirá permanecer durante 1 año con una prórroga que también considerará una solicitud de residencia definitiva la que deberá ser solicitada en el Consulado chileno en Caracas.

Las condiciones fueron distintas de manera evidente, y más allá de la crisis que pueda existir en el país venezolano, José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita Migrante, declaró que “frente a Venezuela se dice que sufre una grave crisis democrática, ¿pero acaso Haití no sufre también una grave crisis democrática? Se dice que esta política con Haití es por la situación de condiciones indignas que viven acá. Yo trabajo desde 2012 en migración y todas las nacionalidades sufren condiciones indignas”.

A continuación, Vicuña expresó que no se atrevería a decir que con esta iniciativa se está instaurando una práctica con características de racismo, pero si la visa consular propuesta solo considera a ciudadanos haitianos, sin mayor razón que la de ser haitianos entonces, podría haber algo de racismo. “La diputada Paulina Núñez justificó esto como ‘cariño’; si fuera por cariño, ayudemos, no restrinjamos. Hay desinformación y falta una mirada en terreno. Siendo Haití la sexta nacionalidad más presente, ¿por qué le damos y le damos? ¿Cuáles son los criterios para establecer esta visa? ¿Hasta cuándo se va a establecer? Argentina es la cuarta nacionalidad presente en Chile y no veo a nadie diciendo nos estamos llenando de argentinos, más bien hablamos de Venezuela y Haití que son la quinta y sexta”.

Respecto de la reformulación de la visa temporal a partir del 23 de abril, la que se tendrá que solicitar ahora fuera del país, el director del SJM se pregunta: “¿La persona con esta nueva visa necesitará un contrato de trabajo? La  visa que más se pide en el departamento de extranjería es la que habilita a los migrantes a trabajar en Chile, el Estado  se ha demorado al menos 8 años en legislar y ahora tampoco hace eso, sino que se tomaron medidas antes que se legisle y descontextualizadamente y se promociona una visa para estudiantes que estén dentro de las mejores 200 universidades del mundo, pero, del millón de migrantes que hay en Chile, ¿cuántos son de esas universidades? Las políticas públicas deben hacerse sobre la base del contexto social y en nuestro país los migrantes trabajan principalmente en los sectores agrícola y de servicio, y el índice más alto con un 31 por ciento son trabajadores de casa particular. Las políticas deben ser para esas personas, hay medidas que nos parecen apropiadas pero otras que nos dejan muchas preguntas y dudas y el Estado debe generar información para los migrantes. Las organizaciones de la sociedad civil estamos saliendo a al calle porque cambiaron las reglas del juego para dos semanas más”, puntualizó Vicuña.

Mitos y prejuicios

Asimismo, José Tomás Vicuña señaló que valoran que este tema se ponga en la palestra, sin embargo, “se realizan distintas acciones que más bien no garantizan los derechos humanos. Por ejemplo, se habla de reconducción inmediata a alguien que pase por ingreso irregular. Nosotros queremos que todos pasen como regular, lo que pasa es que uno tiene que tener medidas que faciliten eso. Con las medidas que se tienen van a disminuir los flujos, pero van a aumentar los ingresos por paso irregular, van a aumentar las redes de tráfico, y las fronteras las van a empezar a controlar las redes de tráfico. Ahí hay dos cosas: si uno es víctima de tráfico, se debiera sancionar al victimario, no a las víctimas. El mismo ex presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch, dijo que reconducir a alguien inmediatamente era inconstitucional porque no se garantiza el debido proceso”.

El director del Servicio Jesuita Migrante aprovechó de afirmar que acá se debe cambiar los prejuicios existentes en torno a la migración. Como, por ejemplo, ese que dice que las personas en esta calidad solo generan costos.

“Si uno ve las cifras, el ingreso que generan es mucho mayor al gasto que generan. El impuesto a la renta el año pasado fue 490 millones de dólares. Proporcionalmente respecto de los chilenos pagan más. No se trata de competir, sino que dar una mirada amplia. En trámites de visa, 33 millones de dólares; los migrantes pagan todo el departamento de extranjería, que tiene un costo anual menor al ingreso que recibe por visa”, dijo.

Otra discriminación que no le hace “sentido” a Vicuña es la que se producirá en cuanto a seguridad social para aquellas personas regularizadas. “Si bien se garantizan los derechos a educación, salud, y los derechos laborales, que nos parece fundamental porque los derechos humanos no pueden estar sujetos a una situación migratoria, sino que son humanos, se dice que se tendrá que esperar dos años para beneficios de seguridad social y aportes con bono fiscal. ¿Por qué si una persona va a estar trabajando y cotizando regularmente en el país va a tener que esperar dos años para un beneficio de seguridad social?”, afirmó el director del SJM.

Por último, José Tomás Vicuña recalcó que en Chile el porcentaje de inmigrantes es del 5,5 por ciento de la población, cercano al 5 de Argentina, y lejano al 12 por ciento promedio de los países de la OCDE, o el 27 por ciento de Australia.