La certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua es una realidad en Chile. La Constitución de 1980 así lo declara y el actual Código de Aguas redactado durante la dictadura cívico-militar institucionaliza la sobreexplotación de quienes tienen la propiedad del recurso vital.

El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, dijo que con su par de Agricultura introducirán indicaciones sustitutivas para dar certeza jurídica en la propiedad del agua. ¿Qué más certeza que la Constitución?

Dicha declaración no solo se le ha escuchado a Fontaine, sino que a los diferentes titulares de dicha cartera que han intentado congraciarse con los empresarios del agro y la minería, quienes siguen sobreexplotando los acuíferos, ríos y las diferentes regiones que cada día llegan a estados de escasez hídrica más grave.

La reforma al Código de Aguas fue ingresada en 2011 y recién acaba de salir de la exhaustiva revisión de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación del Senado. Su recorrido siempre ha mantenido inquietos a quienes ven con distancia la posibilidad de que el agua sea un derecho humano y que la prioridad esté puesta en el acceso de los ciudadanos al agua. Podría parecer una dicotomía si se piensa que la lógica de una política pública es justamente preocuparse por el desarrollo social del país y resguardar la vida de las personas en el territorio.

La Senadora Adriana Muñoz es presidenta de la comisión de Recursos Hídricos del Senado y plantea que los dichos del ministro de Obras Públicas son majaderos, pues en ningún caso se ha hablado siquiera de quitar algún derecho ya otorgado, sino que del diez por ciento de los que quedan por entregar para su uso se introducirá una cláusula de caducidad en el caso que no sea entregado y no exista un uso efectivo del recurso al cabo de treinta años. En el caso de demostrar su utilización este se renueva de forma automática, “sin embargo, esta parte de la reforma lo que genera es que no se pueda especular con el agua como se ha hecho hasta hoy”, aclaró la legisladora.

La senadora apuesta por mantener lo aprobado en las instancias legislativas que se han desarrollado hasta ahora, ya que “eso va en la línea de tener en primer lugar un código de aguas que exprese los nuevos tiempos donde hay escasez de agua, no solo por la sequía, sino que por un sistema de administración y gestión del agua que viene con un código desde 1981, no discutido, impuesto en dictadura, anacrónico con la situación actual que vive el recurso hídrico en Chile y en el planeta. Si seguimos con esta institucionalidad dispersa, con alrededor de cuarenta servicios que se dedican al tema hídrico, con recursos, funciones y proyectos que muchas veces se topan y se dispersan, no vamos a tener una política seria de gestión y administración del agua que se condiga con el escenario de escasez hídrica que vivimos”.

En ese sentido, “la institucionalidad debe modernizarse, tenemos que tener una normativa que permita que el agua tenga funciones y prioridad el acceso. Por otro lado, necesitamos un código que organice las actividades productivas con una distribución del recurso de acuerdo a la oferta y no se siga entregando derechos de agua caóticamente, secando las cuencas en aras de una eficiencia productiva, pero que sea acorde con las condiciones que tiene el agua en Chile, que es lo que plantea esta reforma que está siendo rechazada por el gobierno”.

Sara Larraín, ecóloga de Chile sustentable explica que “hay un amarre constitucional, la reforma no se refiere a este amarre, porque obviamente sería rechazado en el Tribunal Constitucional, entonces lo que hace la reforma es establecer un carácter distintito para los nuevos derechos que sean otorgados. En este sentido, se entregarían derechos de uso del agua como concesiones a treinta años máximo, como concesiones temporales y no como lo que se ha concedido como derechos a perpetuidad, sin tocar hacia atrás los derechos, porque están amparados constitucionalmente y hacia adelante se otorgarían como derechos temporales”.

En el proyecto que hoy se discute en el Senado “no se toca el estatuto de propiedad o de derechos perpetuos hacia atrás, pero si hacia adelante, en este caso serían temporales y tendrían que ir renovándose. Lo otro que no quiere el gobierno es que exista caducidad de los derechos, pero la reforma es súper clara frente a la caducidad, porque el que no utiliza el agua una cierta cantidad de años paga patente por no uso, pero lo que le agrega esta reforma es que el que no usa el recurso por una cierta cantidad de años, simplemente caduca para que haya otra persona o actividad que lo use. No se puede seguir aceptando personas que acaparan derechos de agua y que pagan patentes a perpetuidad, lo lógico es que si es un derecho otorgado por el Estado, la no utilización signifique que esto regrese al Estado”.

“Yo creo que el ministro Fontaine se ha dejado informar unilateralmente por algunos sectores que son propietarios del agua y quieren que todo siga igual a pesar que la gente esté abastecida por camiones aljibes y los ríos se sigan secando de norte a sur, porque quieren sacar toda el agua. Yo espero que el gobierno de Sebastián Piñera se dé cuenta que la reforma está estableciendo el derecho humano al agua que es fundamental, porque la primera prioridad es el agua para consumo humano y el segundo es proteger las fuentes de agua, porque si no es como dispararse en los pies, porque si secas o destruyes el agua, simplemente te vas a quedar sin este vital elemento. Un tercer elemento es que se debe asegurar el agua para las actividades de subsistencia”, profundizó Sara Larraín.

La reforma al Código de Aguas es una forma de corregir el uso irracional del recurso, el caso es que el Ministro Juan Andrés Fontaine parece estar hablando de una expropiación de algo que solo le pretendiera a un sector, cuando está debatiendo sobre un recurso vital que hoy en diferentes lugares de Chile es repartido con camiones aljibe. La necesidad de una visión amplia del territorio y una planificación para éste no puede solo basarse en la productividad, sino que existen factores sociales y ambientales que son fundamentales, por lo mismo “la Constitución reconoce la función social de la propiedad, ya que ésta no es algo absoluto”.

Sara Larraín incluso hizo hincapié en que “los sectores empresariales quieren auto regulación, que el estado no se meta. El estado es para regular la sana convivencia entre los actores. Aquí se ha instalado un discurso ideológico que ha entrampado la discusión, que ha demonizado la reforma. Llegó el minuto de decidir entre quienes están por proteger las fuentes de aguas y proveer prioritariamente el uso humano del agua o entre quienes prefieren seguir sobreexplotando los acuíferos y vulnerar a las personas entregándoles el agua con camiones aljibe”.