En su tercera oportunidad, el fiscal Nacional Jorge Abbott rindió cuentas de las acciones de Fiscalía a las autoridades, ocasión en la que abordó distintos temas que han afectado a la institución en el último tiempo.
En ese sentido, uno de los llamados que realizó la autoridad, fue a no ejercer la persecución penal a “cualquier precio”. Pese a que Abbott dejó atrás la tensión que existió con Carabineros producto de la investigación por implantación de pruebas en la bullada operación Huracán, insistió en que “la objetividad en las decisiones de persecución y la autonomía de la Fiscalía son esenciales para que la acción penal tenga éxito”.
A ello agregó que “el Ministerio Público ha dado muestra de ello, investigando con celo a miembros de un órgano colaborador de la Fiscalía, quienes parecen no haber entendido que carece de toda legitimidad la persecución penal a cualquier precio, propia de otra época felizmente superada”.
En el avance de sus palabras que duraron cerca de 25 minutos, el fiscal emplazó al Poder Judicial a reconocer el valor de las pruebas en los casos de violencia rural, apuntando a la complejidad de obtenerlas y el debate que se debe realizar respecto a incorporar en el proceso penal su análisis y valoración de la prueba indiciaria, “yendo más allá de los actos de mera constatación, que no se condicen con el valor agregado que pueden aportar a la resolución de los asunto penales atendida la gran la calidad y profesionalismo de nuestros jueces”.
Junto con referirse a temas actuales, Abbott profundizó en su preocupación por diversos episodios de violencia ejercidos en contra de fiscales y funcionarios en los últimos meses. Por ello, desde su discurso, presionó en los avances del proyecto de ley sobre Seguridad de Fiscales y Funcionarios, el cual tiene carácter de urgencia desde el Gobierno. Aun así, presionó al Poder Judicial para que, por la vía de resoluciones administrativas de fácil despacho, resguarde a todos los intervinientes.
Situación de 2017
Además de transparentar discursos y necesidades internas, el fiscal Nacional entregó las cifras de lo que fue el año pasado, donde el Ministerio Público realizó la segunda fase de implementación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, operando 10 fiscalías regionales con un total de 235 focos declarados, 5.756 causas y 1.986 imputados.
Durante el 2017, más de 100 mil víctimas y testigos fueron derivados a las Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos para recibir atención especializada. Se otorgaron 239 mil medidas de protección autónomas, y en tribunales más de 173 mil medidas cautelares de resguardo a petición de la Fiscalía. En cuanto a los modelos de atención especializada, la entidad brindó atención y protección a más de 100 mil víctimas de delitos en contexto de Violencia Intrafamiliar. Y entregó atención especial a más de 23 mil víctimas niños, niñas y adolescentes.