La sentencia fue insuficiente, sobre todo, para miles de personas que se manifestaron el pasado viernes, producto de la condena que recibió un grupo de jóvenes que se hacían llamar La Manada y que participaron en la violación de una joven de 18 años.

“No es abuso, es violación”, se escuchó en las calles de Barcelona y Madrid.

El malestar ocasionó que el gobierno estudiará una eventual reforma del código penal para los delitos de índole sexual.

El asunto se remonta a julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona (norte), donde cinco sevillanos entre 27 y 29 años llevaron a una joven madrileña al recibidor de un inmueble, abusando de ella colectivamente.

La dejaron allí, medio desnuda, después de tomarse el tiempo de robarle el teléfono móvil.

Ellos mismos grabaron los hechos en unos vídeos que después compartieron jactándose con sus amigos y que se convirtieron en una pieza clave del proceso.

“Es inocultable que la denunciante se encontró repentinamente en el lugar recóndito y angosto descrito, con una sola salida, rodeada por cinco varones, de edades muy superiores y fuerte complexión; al percibir esta atmósfera se sintió impresionada y sin capacidad de reacción”, argumenta la sentencia.

Los “vídeos muestran a la denunciante acorralada y agazapada contra la pared por dos de los procesados y gritando (…) muestra un rictus ausente, mantiene todo el tiempo los ojos cerrados”, añade.

Sin embargo, los jueces no lo consideraron violación, sino la calificación menos grave de abuso sexual, estimando que aunque no dio su consentimiento, la víctima tampoco mostró oposición.

Condenados a nueve años, lejos de los 22 que pedía la Fiscalía, los cinco hombres podrían quedar en libertad condicional mucho antes.

“Cuestión hiriente”

El código penal español solo comprende violación cuando se prueba la existencia de “violencia” o “intimidación”.

Este criterio desemboca en una “cuestión hiriente” que indigna a las españolas, señala el diario El País en su editorial: “¿Cuánto se tiene que resistir una persona para evitar ser violada sin jugarse ni la integridad física ni la vida y para que al tiempo se le reconozca como víctima?”.

La interpretación jurídica de la violencia “se sigue articulando por leyes pensadas y hechas desde la experiencia masculina”, resume la profesora de Ciencias Políticas Mariam Martínez Bascunan.

“Estamos hartas. Lo que ha pasado es una vergüenza y es fruto de una cultura machista y patriarcal. Los jueces deben formarse en violencia sexual y de género”, se indignó una alta dirigente del Partido Socialista, Adriana Lastra, como otras personalidades de izquierda.

Desde la derecha fueron más comedidos, señalando que la sentencia podía ser apelada. De hecho, tanto la Fiscalía como la región de Navarra, parte de la acusación civil, anunciaron sendos recursos.

Un movimiento arraigado

El veredicto espoleó al movimiento feminista español pocas semanas después de las manifestaciones masivas y la celebración de una huelga de las mujeres para reclamar sus derechos el 8 de marzo.

“España ya fue pionera sobre la igualdad de género”, subraya a la AFP Soledad Murillo, ex secretaria de Estado encargada de esta materia entre 2004 y 2008, para explicar esta movilización.

El país fue uno de los primeros en dotarse de una ley específica para condenar la violencia contra la mujer en 2004.

Y las feministas españolas también se movilizaron con fuerza contra una ley que restringía considerablemente el derecho al aborto hasta el punto de provocar la marcha del ministro de Justicia conservador Alberto Ruiz Gallardón en 2014, apunta Mariam Martínez.

“Ha habido una toma de consciencia de las chicas jóvenes en el sentido de ver lo que perdieron sus abuelas”, dice Murillo recordando que durante los 40 años de dictadura de Francisco Franco (1939-1975) se requería la autorización del marido para trabajar, conducir o incluso salir del país.

El movimiento español se enmarca plenamente en una “cuarta oleada” de reivindicaciones de las mujeres en el mundo, como es también es el “Me Too” estadounidense, para disponer de su propio cuerpo tras la consecución de derechos políticos y sociales, estima Murillo.

Y a su vez se ve estimulado por “una tradición contestataria” en España manifestada numerosas veces recientemente, como por ejemplo las protestas de los indignados de 2011, explica Mariam Martínez.