El pasado 5 de abril la Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana dictó tres charlas de inducción sucesivas para egresados de Derecho que postularon a realizar su práctica profesional para obtener el título de abogado entregado por la Corte Suprema de Justicia. En total fueron 208 los elegidos.

208 postulantes a convertirse en abogados solo en abril. En este mismo mes, la Corte Suprema ha tomado juramento dos veces por semana a nuevos profesionales del derecho: 96 nuevos abogados por semana, 384 titulados en el recién terminado periodo.

Ante la explosión de nuevas Facultades de Derecho que ofrecían planes de estudios poco rigurosos, en 2008 la Corte Suprema decidió endurecer los requisitos para obtener el título.  Fue el ministro Milton Juica quien creó un instructivo que agregó exigencias nuevas para los alumnos que hubiesen estudiado en más de una universidad. En 2015, la exigencia aumentó y se estipuló rechazar la titulación de estudiantes egresados que no hayan cursado, al menos, el último semestre en la universidad que certifica el cumplimiento del plan de estudios necesario para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas.  Lo mismo se aplica para quienes hayan convalidado estudios en una universidad luego de 10 o más años desde que la cursaron en su centro de estudios original.

Tales medidas han tenido un casi nulo efecto en la formación de los nuevos abogados en Chile. Por eso, en 2016 algunos ministros de la Corte Suprema propusieron la aplicación de un examen similar al que se realiza en Estados Unidos  para habilitar a los abogados ya titulados para poder litigar en  tribunales.

La idea también se asemeja al Eunacom que deben aprobar los médicos que opten por trabajar en el sistema público nacional de salud. Lo que se propone es un filtro que otorgue garantías de calidad al momento de enfrentar los Tribunales de Justicia como litigantes. En ese momento el proyecto no prosperó. Hoy, más tímidamente, ha vuelto a plantearse.

A fines de marzo pasado, Eduardo Aldunate, director de la Academia Judicial declaró a El Mercurio que  la calidad de los abogados ha ido bajando en los últimos años. “Algo pasa con la enseñanza del Derecho a un nivel universitario en general. Lo que están arrojando como resultado las escuelas de Derecho es deficiente y en cuestiones bien básicas”.

La directora de pregrado de la Universidad de Chile, María Nora González, coincide  en el diagnóstico. Sin embargo, aclara que no existe una única realidad: “La calidad de los programas de formación jurídica es tremendamente diversa. Ese es el primer problema. ¿Cómo aseguramos que haya un estandar de calidad elevado en la formación profesional, tanto disciplinar como las competencias éticas y profesionales de todos los egresados”.

En su opinión, hay responsabilidad tanto del Ministerio de Educación, “por los procesos de acreditación, porque esta nivela hacia abajo y no se hace cargo de manera efectiva de los verdaderos problemas de las competencias y las certificaciones de egreso” como de las universidades, “porque el punto central es la calidad de los profesores y de los estudiantes que están en esas disciplinas”.

Las consecuencias de la mala calidad de los egresados sería el mayor problema: “El error de los abogados consta por escrito. Una mala decisión de un abogado puede dañar la vida futura de una persona, su libertad, el patriminio. Cuando hablamdo de familia, también el impacto de una vida de un niño o adolescente”.

El largo camino para convertirse en abogado

10 semestres, examen de grado, tesis o tesina en algunos casos y como requisito sine qua non la realización de una práctica profesional de seis meses, sin pago alguno, sin seguro escolar y sin derecho a pase escolar.

Simón Visscher es abogado tutor de la Corporación de Asistencia Judicial de Puente Alto. Hoy tiene a su cargo 14 postulantes y aproximadamente 480 causas en tramitación que debe supervisar.

En su experiencia como instructor de los egresados de derecho ha encontrado de todo. “Postulantes muy bien preparados, responsables y que se van con notas sobresalientes; y otros que tienen pocos estándares profesionales y con los que hay que hacer un trabajo de seguimiento para verificar que los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias realmente quede nivelado a lo que realmente necesitan saber”.

Consultado sobre este resurgimiento de la idea de un examen habilitante para los abogados señala que duda de su efectividad. “No creo que un examen habilitante vaya a arreglar el problema porque el punto central son las deficiencias en la formación. Particularmente cuando se han realizado programas abreviados de estudios, ahí es donde he notado las mayores brechas, sobre todo en materia de procedimiento y derecho sustantivo. Hay una importante diferencia tanto respecto de la capacidad de aprendizaje como de la resolución de asuntos jurídicos. Ahí se ve la mayor gravedad del tema. Ahora, efectivamente hay diferencias en las universidades, siempre hay alumnos brillantes independiente de cuál sea su casa de estudios, pero eso se debe a los hábitos de estudio y a las características propias de cada estudiante. Sin embargo, en cuanto al rendimiento de los alumnos egresados de universidades privadas, sí, es más común que ellos presenten un rendimiento inferior a la media”.

Postura contraria es la de María Nora González, la directora de pregrado de la Universidad de Chile evalúa, personalmente, de buena manera la posibilidad de que exista un examen certificador. “Estoy convencida de que se requiera un examen que mida, en términos igualitarios, la calidad, los conocimientos y el pensamiento crítico de los abogados que egresan. La cuestión es de quien la administraría. Es una discusión que el Colegio de Abogados está teniendo, pero independiente de eso, yo creo que se necesita, porque la gente necesita saber que los abogados reunen los requisitos adecuados, no mínimos,adecuados para defenderlos”.

Así, la primera responsabilidad estaría en las universidades. “En cada universidad debemos dar la mejor formación jurídica, teniendo estándares de calidad elevados”. Solucionado esto, habría que resolver el problema de acreditación con mayor exigencia en los requisitos. Paralelamente, la profesora señala el rol del Estado, “que debe asegurar la calidad de la educación, en general, y de la jurídica en particular”.

El problema de la práctica: Un limbo “profesional”

Derecho es la única carrera en Chile cuyos egresados deben prestar gratuitamente un servicio al Estado para lograr conseguir un título justamente otorgado por uno de los poderes del mismo, el Judicial.

Este requisito se implementó en los tiempos en que las universidades eran financiadas por el  Estado, por tanto se pedía a quienes habían cursado exitosamente las asignaturas, que “devolvieran la mano” entregando asistencia jurídica gratuita de modo de poder cumplir con la garantía constitucional de defensa jurídica a quienes no puedan procurársela por sus propios medios.

En la actualidad el requisito de la práctica profesional gratuita mantiene su vigencia.  El egresado de derecho que la realiza debe pagar sus pasajes, muchas veces sin que su pase escolar esté vigente, y no cuenta con seguro escolar, pues técnicamente ya no pertenece a la institución de estudios superiores. De hecho, debido a un requerimiento realizado por un egresado a la Contraloría, el órgano fiscalizador debió pronunciarse. en esta materia.

El dictamen  345 del 3 de enero de 2014 dispone, luego de haber requerido informes de la SuperIntendencia de Seguridad Social, el Ministerio de Justicia y la propia Corporación de Asistencia Judicial, que “el legislador estableció los requisitos legales para optar al título de abogado, exigiendo como obligatoria la realización y aprobación de la práctica profesional en alguna de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país, teniendo su objeto en el orden social, la atención jurídica gratuita de las personas que no cuentan con los medios necesarios para sufragar los gastos de su defensa por abogados particulares y, en el orden didáctico, la aplicación de los conocimientos adquiridos durante sus estudios universitarios, sin considerar el pago de remuneración, seguro u otro beneficio para los postulantes, por cuanto la referida práctica implica una carga legal para obtener el título de abogado”.

Por último, la Contraloría General de la República señala que  “resulta improcedente otorgar un seguro médico a dichos postulantes, por cuanto no existe norma legal que lo contemple ni que obligue a las Corporaciones a asumir dicha carga. Además, no es posible conceder la cobertura del seguro médico de accidentes del trabajo a los postulantes, toda vez que no son funcionarios y las labores que ejecutan se encuentran definidas en el correspondiente reglamento, no constituyendo, bajo ninguna circunstancia, un contrato de trabajo. (…) Cualquier persona que sufra un accidente de tránsito, tendrá la cobertura del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que se exige a todos los propietarios de vehículos del país”.

Según lo señalado por Contraloría, los egresados de derecho ya no son estudiantes, por tanto no pueden optar a los beneficios que ello implica tanto en transporte como en materia de seguridad social. No son profesionales, porque pese a haber cumplido con los requisitos académicos, la universidad no les entrega un título que los habilite para trabajar y para ello deben rendir exitosamente el semestre de práctica que una vez terminada y, siempre que se haya aprobado el examen de grado, les permite iniciar los trámites para que la Corte Suprema los cite a tomar el juramento y así, por fin, convertirse en abogados. Tal cual esperan ser los 208 postulantes de la Corporación Judicial de la Región Metropolitana del mes de abril que ya soportan el costo de la “carga legal” para obtener el título.