Este fin de semana se anunció el veredicto en el Caso de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido en enero de 2013. Rodrigo Román, uno de los abogados defensores en la causa, comenta sus sensaciones luego de publicada la lectura y hace una crítica directa a la institucionalidad judicial que, según señala, discrimina tanto a pobres como a mapuches.

¿Cuál es su apreciación general sobre lo ocurrido el sábado?

El veredicto es un fiel tributo a las presiones políticas y del latifundio y a los ricos y poderosos de este país, toda vez que es lo más escandaloso que puede ocurrir en un tribunal de derecho, considerando que jamás hubo pruebas para condenar a ninguno de los acusados.

¿No hay pruebas?

En ningún caso. Lo que hay son presiones políticas y especulación pura y dura y, lo que es más grave aún, es el actuar ilegal de parte del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco al dictar este veredicto, porque también legitima el actuar ilegal de las policías y la Fiscalía en el contexto de la investigación.

Si es que no hay pruebas, entonces ¿por qué se condena?

Aquí las presiones políticas operaron de tal manera que condicionaron a los magistrados para arribar a un veredicto infundado, ilógico e inconsistente. Veredcito que se tiene que traducir en una sentencia que, sin lugar a dudas, va a ser impugnada por las defensas. Yo no tengo ninguna duda de que la excelentísima Corte Suprema va a poner las cosas en su lugar anulando el veredicto y el fallo.

Nos encontramos con una situación en la que las acciones del Poder Judicial han sido reiteradamente revertidas. Es el caso de la machi Linconao. Da la impresión de que el Poder Judicial no está actuando necesariamente con la voluntad de impartir justicia, sino con la voluntad de hacer lo contrario…

Efectivamente en una sociedad que se dice democrática, la justicia no se puede conseguir a cualquier precio. Hay que distinguir dos cosas. Por un lado, el horroroso crimen del matrimonio Luchsinger Mackay y, por otro lado, no por eso se puede condenar a cualquier persona y a cualquier precio. La policía ha sido incesante, y es lo que le corresponde hacer, pero la verdad es que han actuado de forma ilegal, han presionado a una infinidad de gente, sobre todo gente joven, de las comunidades mapuche. Aquí lo que se hizo fue coaccionar a José Manuel Peralino, hacerlo firmar una supuesta declaración, transgrediendo todas las normas más básicas del debido proceso y eso fue visado por el TOP de Temuco, que es mucho más peligroso para un Estado democrático de derecho. Las policías y fiscalías pueden hacer y deshacer, y eso es contrario a nuestra legalidad.

Ustedes han tomado la decisión de impugnar el fallo que se dará a conocer el 11 de junio. ¿Cuáles son las instancias en que piensan hacerlo?

La posibilidad de recurrir a instancias internacionales es una vez que se agoten los recursos internos. Las defensas de los peñi que fueron condenado, que no es mi caso, pero los colegas defensores de personas condenadas han anunciado que van a recurrir a la nulidad ante la Corte Suprema y nosotros estamos viendo la posibilidad de hacernos parte de ese recurso, por la increíble calificación terrorista que asignó este tribunal.

¿Qué pasa con los aparatos investigativos? Usted sostiene que no hay pruebas, porque lo que existió fue el crimen, pero eso no se acredita. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuánta importancia tiene esa dimensión?

Lo escandaloso que ha pasado este último tiempo en La Araucanía, ya con la Operación Huracán, y con este injusto e ilegal veredicto, da cuenta efectivamente de la desesperación del Estado de Chile y la incompetencia de este para encontrar a los responsables de los delitos. Lo que hacen después es que “todo vale”. Eso en un Estado de derecho no es posible. Implantar pruebas no vale. No todo vale. Para el Caso Luchinger Mackay, la forma en cómo se llega a la machi Francisca Linconao, a través del otrora jefe de Labocar, Ramírez, también involucrado en el Caso Huracán… Entonces hay antecedentes de que las policías actúan fuera del marco de la ley tanto porque el poder político lo permite y los tribunales también.

La justicia no solo sanciona individuos, sino que también “establece verdades” ante la sociedad. ¿Qué reflexión podría hacer sobre el valor de la prueba en épocas donde muchas veces los juicios se desarrollan previamente a través de medios de comunicación que, además, tienen su sesgo?

La jurisdicción está muy a mal traer en términos del valor ante la sociedad chilena. Los policías y la Fiscalía ni hablar. La falta de legitimidad y de seriedad, tanto del Fiscal Nacional para abajo, del Director General de Carabineros hacia abajo… También está la forma de impartir justicia en nuestro país. Y ni hablar cuando se trata de mapuches, porque hay justicia para pobres, para ricos y para mapuches.  Efectivamente acá se da cuenta de la falta de seriedad y rigurosidad de la política de tribunales en Chile. Y lo que hay son razones políticas que coartan a los jueces y estos no actúan dentro del marco de la ley, convirtiéndose en depositarios de los poderes fácticos y políticos. Eso es peligroso, o más bien dicho, es escandaloso. Hoy asistimos a un peligroso momento de consolidación del Estado policial, mas no de derecho, donde se permite a las policías,  a las fiscalías y a los jueces, hacer lo que quieran.