El Presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Economía, José Ramón Valente, firmó este lunes el proyecto de ley de Agenda Proinversión. También rubricó un decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS).

La nueva institucionalidad se encargará de agilizar la aprobación de nuevas inversiones empresariales puesto, que según el mandatario, hay proyectos detenidos por un monto total de 65 mil millones de dólares, que según el Jefe de Estado, no han sido aprobados por la burocracia.

Entre las medidas se incluyen permitir que las municipalidades entreguen patentes provisorias por dos años para todos los locales que cumplan con los requisitos que establece la ley; reducir los tiempos de aprobación de los proyectos de obras hidráulicas; permitir que se constituyan garantías sobre concesiones marítimas; crear una plataforma digital para recibir todas las solicitudes de aprovechamiento de aguas; e instruir al Sernageomin para que tenga actualizado el catastro de concesiones mineras.

El decreto firmado por Sebastián Piñera instruyó al Consejo de Productividad para que identifique obstáculos y cuellos de botella que estén frenando los nuevos proyectos.

El Ejecutivo insiste en saltarse la institucionalidad vigente, y apuesta por avanzar en la aprobación de proyectos sin tener como referencia filtros administrativos que permiten comprender la viabilidad de los proyectos en términos de sus líneas de base o las afectaciones que podrían tener para las comunidades.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), recordó que esta iniciativa no es nueva, ya que una idea similar fue presentada en el primer mandato de Piñera, donde con “una comisión de agilización de las inversiones se dedicaba más que a favorecer la buena gestión de la protección ambiental. Se propuso presionar a los servicios públicos para que hicieran vista gorda de los impactos de los proyectos y a presionar a los funcionarios de los servicios que debían hacer las evaluaciones para que dieran curso rápidamente a las autorizaciones. Eso fue objetado por la Contraloría General de la República y ahora se vuelve con una alternativa muy parecida, pero remozada seguramente para tratar de salvar la situación legal en que fue denunciado anteriormente el gobierno”.

“Hay que considerar que hay un marco institucional y una legislación ambiental que independiente de las gestiones que haga el gobierno, tiene que ser de todas maneras respetada, y sin duda, los funcionarios y las comunidades que se enfrentarán a esto tendrán que denunciar las presiones y acciones que realice el gobierno para salvar lo que ellos denominan los obstáculos ambientales, que no son, sino otra cosa, que la posibilidad de proteger el medio ambiente y a las comunidades que están viéndose agredidas por estos proyectos”, denunció Cuenca.

Dentro de los anuncios de Piñera se encuentra el reducir los tiempos de “aprobación de los proyectos de obras hidráulicas por la innecesaria doble aprobación por unidades del mismo ministerio, como es el caso de la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas”.

Dicha reducción de tiempos podría tener consecuencias que, según Lucio Cuenca, podrían redundar en “que se produzcan conflictos entre interesados en la misma cuenca en que una obra hidráulica necesite tener la evaluación de la DGA, la que tiene el mandato de resguardar y fiscalizar el uso de los derechos de agua y del curso de los ríos para que no sean desviados. Esto es quitarle atribuciones y como consecuencia, dejar desprotegidos los derechos de una comunidad o de terceros sobre el mismo río en que se está interesado intervenir”.

En este sentido, “la duplicidad de información es necesaria, porque las atribuciones y el objetivo de las dos entidades es distinta, porque se incluyen atribuciones y evaluaciones distintas. Lo que se quiere hacer acá es debilitar la institucionalidad a favor de la inversión y sacarla a cualquier costo, y eso, va a generar mayores afectaciones al ambiente y mayores afectados dentro de las comunidades”.

El Ejecutivo, con el decreto firmado esta mañana, anunció la creación de una plataforma digital para recibir y tramitar todas las presentaciones relacionadas con los derechos de aprovechamiento de aguas. Una propuesta que no tiene asidero, ya que en nuestro país solo se conocen y se tiene registro del 17 por ciento de los derechos de agua. Según estadísticas entregadas por la DGA. “Si el gobierno quiere hacer una buena gestión del agua tiene que saber quiénes tienen esa agua y para qué se está usando”, explicó Lucio Cuenca.

Al respecto, lo que se está privilegiando con la nueva herramienta digital, es ampliar el mercado del agua, en vez de planificar una gestión territorial de las cuencas y avanzar hacia la comprensión de un desarrollo sustentable que tenga como motor la explotación ecológica de los acuíferos. Esto porque, el tipo de uso es relevante, ya que el agua usada en la minería no retorna a un ciclo natural de recuperación del agua, mientras que la agricultura si lo hace. En este sentido, si se comprende el tipo de uso se podría generar una mejor lectura de las necesidades territoriales.