Una visa consular de turismo simple –con derecho a permanecer en Chile por 30 días- y una visa para “fines humanitarios”, de 12 meses de duración, para la comunidad haitiana que aspire a viajar a Chile. Además, una visa de “responsabilidad democrática”, para aquellos venezolanos que pretendan emprender rumbo a estas tierras. Esas son las medidas que, anunciadas hace poco más de un mes por el Presidente Sebastián Piñera, hoy son duramente cuestionadas por algunos sectores de la oposición. Ambas solo pueden ser solicitadas en los consulados de Chile de cada uno de los respectivos países.

El decreto del Presidente apuntaba directamente a la comunidad haitiana y venezolana, cuestión que hoy tiene a la bancada de la Democracia Cristiana impulsando un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la política del Ejecutivo.

Para eso la DC –y su bancada de 14 diputados- requiere 39 firmas. Según La Tercera, el documento que está haciendo circular para persuadir a sus ex compañeros de coalición señala lo siguiente: el decreto “vulnera las normas constitucionales y legales establecidas conforme a ella, al no fundamentarse las razones por las cuales se ha establecido la excepción legal”. “No basta invocar razones de interés nacional, ya que los agentes de los poderes públicos del Estado deben justificar racionalmente sus actuaciones (actuación motivada por hechos sustanciales), debiendo el TC resolverlo”.

El Partido por la Democracia (PPD) ya comprometió el apoyo de sus ocho diputados. Así lo comunicó el parlamentario Ricardo Celis, jefe de bancada del PPD: “A nosotros nos parece que hay un acto discriminatorio, compartimos ese juicio con la Democracia Cristiana. Hoy nos sentaremos a conversar con Matías Walker, jefe de bancada de la DC, porque se establece una arbitrariedad en términos de discriminación de un grupo de personas –particularmente haitianos y venezolanos- en relación al resto de las personas”.

Desde el Partido Socialista reconocen que el tema es más sectorial, y que no ha sido discutido en la bancada. Leonardo Soto, diputado PS, admitió que existe una adherencia parcial dentro del partido, pero asimismo reconoce que Matías Walker aún no entabla un diálogo con el PS. En ese contexto, dijo, el partido no puede comprometer la firma de sus 19 diputados: “Es una materia que recién se nos está presentando. Entiendo que algunos diputados nuestros, como la diputada Cicardini y otros, están suscribiendo a esta iniciativa académica, pero si no nos hemos sumado masivamente ha sido más bien por falta de antecedentes de la iniciativa. Tiene gente del PS que lo respalda, pero el resto está en distintas tribunas”.

El Frente Amplio tampoco ha definido una postura al respecto. La diputada Claudia Mix aseguró, al igual que Soto, que como bancada frenteamplista no han sido contactados y que no tienen mayor conocimiento sobre la iniciativa: “Desde que supimos que el gobierno aplicaría este reglamento hemos señalado que nos parece discriminatorio y que viola tratados de derechos humanos a los que nuestro gobierno ha suscrito. Aún no hemos discutido como partido si apoyaremos este requerimiento. Tampoco lo hemos analizado como bancada. Esperamos revisarlo como bancada para ver si nos sumamos o no”.

La parlamentaria del partido Poder aclaró esta tarde que la iniciativa de la Democracia Cristiana corresponde al mismo proyecto que había trabajado la diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez junto a un grupo de organizaciones migrantes. Explicó que una de las organizaciones, como suele suceder, entregó ese documento a un militante de la DC o directamente a algún diputado y ellos lo presentaron como propio.

La diputada Pérez y el diputado Walker zanjaron la situación durante esta jornada y finalmente se presentará solo una iniciativa que es la elaborada por la diputada del Frente Amplio junto a una mesa de migrantes. Ya cuenta con las firmas de al menos 18 diputados.

Roberto Ampuero, ministro de Relaciones Exteriores, reconoció que en Venezuela se han presentado 20 mil solicitudes y se han otorgado 2.131 de ellas. En el caso de Haití, la visa turista ha recibido 72 solicitudes en el último mes, de las cuales se han otorgado dos,  y cuatro se encuentran en revisión. “Todo el país vio cómo fueron llegando personas de Haití que venían como turistas pero que no eran turistas. A la hora en que Chile, a través de sus consultados decide establecer una ley clara, aparecen las personas que de verdad quieren venir como turistas. Es satisfactorio ver cómo se ha ordenado este proceso”.