Para la académica de la Universidad de Tarapacá y especialista en temas migratorios, Nanette Liberona, los anuncios del mandatario en su última cuenta anual apuntan a precarizar y restringir a los inmigrantes.
La Democracia Cristiana y el Frente Amplio buscan 39 firmas para un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que le permita declarar inconstitucional el decreto presidencial que obliga a haitianos y venezolanos a presentar una visa especial para viajar a Chile.
El mandatario declaró que, a dos semanas de iniciado el proceso, 72.262 extranjeros han asistido a regularizar su situación en los centros habilitados. El Presidente Piñera señaló que se trata de un proceso “exitoso” y “masivo”: “Estamos teniendo una migración mucho más segura, legal, ordenada”, aseguró.
Molestia y decepción es lo que han expresado distintas organizaciones de migrantes, frente al no envío de la normativa que vendría a reemplazar la antigua y obsoleta institucionalidad que rige en la actualidad. Acusan falta de voluntad para impulsar cambios, que van más a allá de una nueva ley de extranjería, ya que a su juicio existe en la clase política una “doctrina de la seguridad nacional” que frena estos posibles cambios.
Parlamentarios, expertos y organizaciones sociales rechazan los argumentos del Ejecutivo para continuar postergando la legislación. Sospechan que hay asuntos de seguridad nacional que estarían interviniendo. “A esta altura ya deberíamos tenerla”, dicen.
El jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval confirmó que el Gobierno decidió aplazar el proyecto de ley argumentando un ajuste presupuestario, y la necesidad de reorganizar los recursos destinados a la futura institucionalidad.
