Con preocupación reaccionaron los vecinos de los barrios Yungay y Suarez Mujica después que el Ministerio de Educación retirara de la Contraloría General de la República varios decretos firmados por el gobierno anterior, cuya finalidad eran la protección arquitectónica de zonas típicas.
Son 11 solicitudes, entre las que se encuentra el Sporting Club de Viña del Mar como Monumento Histórico y los dos sectores ubicados en el cono urbano de la región Metropolitana, donde el órgano fiscalizador menciona problemas técnicos en sus respectivos expedientes.
Recientemente se reunió un grupo de vecinos con el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio De la Cerda, para pedir explicaciones sobre esta interrupción del trámite regular, sin embargo, los representantes no quedaron conformes con la información dada a conocer por la autoridad.
Erika Marambio, presidenta de la Organización Funcional Barrio Suárez Mujica, expresó que De la Cerda aclaró que se habían puesto reparos al decreto y que para evitar su anulación los habían retirado para volver a redactarlos, trámite que quedó en manos del Ministerio de Cultura.
Según la dirigente vecinal, no se dejaron claros los plazos, temiendo que mientras se corrijan, las empresas inmobiliarias continúen derribando inmuebles con connotación histórica.
“No sabemos, él no dio detalles de cuáles son las modificaciones que está haciendo el Consejo de Monumentos Nacionales. Ahora desconocemos qué están sumando o corrigiendo, no sabemos tampoco de plazos, puede ser que esto se resuelva en uno, dos o tres años más, mientras tanto, se siguen otorgando permisos en la Municipalidad de Ñuñoa, cuando sabemos que existe un informe sobre el otorgamiento de autorizaciones irregulares, un claro problema de corrupción”, afirmó Marambio.
Para el arquitecto Miguel Lawner, ex director de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) y creador de proyectos de vivienda social y desarrollo urbano comunitario como la Villa San Luis en las Condes, no existen dudas del lobby que han realizado las empresas constructoras.
“La declaratoria de Zona Típica es una forma de controlar, regular el negocio inmobiliario. Lo inaceptable es que quien dicta las normas de construcción en este país sean las grandes inmobiliarias y no el Estado, esas son las debilidades de los instrumentos de planificación territorial dictadas por el Estado, las que han propiciado este cuadro, eso tiene que cambiar de raíz, mientras eso no cambie, la movilización ciudadana que propicie las zonas típicas y logre detener esta depredación debe ejercerse.”, argumentó.
Aunque la normativa no es retroactiva, la declaración de zona típica sí obliga a los nuevos proyectos a pasar por un reglamento elaborado en conjunto con la comunidad y el Consejo de Monumentos Nacionales.
Para el arquitecto y presidente de la ONG Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, preocupa que mientras se vuelve a tramitar el decreto impulsado por los vecinos del Barrio Yungay y Suarez Mujica, se continúe funcionando con la anterior reglamentación que “depreda casonas y construcciones de carácter histórico”.
“La Contraloría no tiene atribuciones para discernir sobre el mérito que tienen los decretos a toma de razón por los gobiernos. No hay que ser inteligente para darse cuenta que esto obedece a las presiones de los diferentes actores inmobiliarios que no quieren que ciertos territorios de la ciudad estén protegidos por el Consejo de Monumentos Nacionales, ellos lo que quieren es que haya máxima oferta de suelo para hacer pingües negocios inmobiliarios”, subrayó.
Recientemente los diputados Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Maya Fernández (Partido Socialista) enviaron oficios a la Contraloría para que expliquen detalladamente las razones del retiro del decreto que declaraba Zona Típica al barrio Suarez Mujica y a una extensión del barrio Yungay. Ambos coinciden en las irregularidades que han girado en torno a esta decisión.
