Semanas antes de que el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco dictara el veredicto condenatorio del caso Luchsinger- Mackay – por el que hoy arriesgan cadena perpetua dos de los tres mapuches acusados por delito terrorista- se conoció la salida de la jueza Ximena Saldivia Vega.

En juicio se señaló que la magistrada presentó una licencia por estrés laboral y pese a que algunos intervinientes solicitaron conocer el documento en detalle, el Tribunal mantuvo su reserva argumentando razones médicas. Durante esos días se informó por la prensa que la magistrada habría salido llorando de la sala, según la observaron algunos testigos y abogados. Su puesto lo asumió el juez alterno Juan Poblete Erices, quien estuvo presente desde el inicio del segundo juicio oral. Hay que tener en cuenta que la presencia de este juez es variable en los juicios, de hecho no estuvo en el primer proceso que concluyó en octubre del año pasado.

Luego de su salida, la magistrada Ximena Saldivia presentó una denuncia en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) de Temuco por acoso laboral y por haber sido objeto de presiones indebidas por parte del presidente del Tribunal, Germán Varas. La denuncia fue ingresada a la institución el 23 de abril pasado y el resultado de la calificación estuvo disponible el miércoles 23 de mayo. La jueza tenía distintas citaciones médicas en Temuco para ayer viernes durante la mañana donde se le debía entregar el resultado de esta acción, lo que le daría luces sobre aspectos médicos y administrativos del caso. Desde el Tribunal Oral de Penal de Villarrica – magistratura que integra- señalaron que depende de eso si el reposo se extiende o si se reincorpora a sus funciones dentro de los próximos días.

Es conocida la tensión que existió entre ambos magistrados durante todo el proceso de juicio oral. Tanto los abogados representantes de los Luchsinger como de los mapuches acusados indicaron que en más de una oportunidad ella tomó el micrófono para seguir explicando su posición disidente cuando Varas daba por cerrada alguna resolución, recalcando que era “con su voto en contra”. Abogados del caso que cuentan con vasta experiencia como litigantes comentaron que nunca habían observado con tanta claridad la hostilidad entre jueces integrantes de un Tribunal y, en este caso, claramente acentuado en los reproches de Varas hacia ella.

Varias escenas dieron cuenta de esto. Por ejemplo, una de ellas: la jueza habría sonreído estando en el estrado y el juez Varas le llamó públicamente la atención. El Defensor Penal Público Renato González le manifestó su reparo porque no se justificaba la conducta, a lo que Varas protestó. Otro interviniente tomó la palabra y le señaló que de la mayoría de los abogados y abogadas presentes el único que justificaba los reproches por ese tipo de situaciones era él.

A esto se sumó que Varas la reprendió por haber conversado en el pasillo del Tribunal con uno de los testigos de José Tralcal Coche, el sacerdote Fernando Díaz. En ese breve diálogo que sostuvieron, la magistrada le consultó si manejaba el contacto del Obispo de Villarrica sostenedor del colegio Humanidades del que es apoderada y que por esos días de abril se encontraba en huelga. Y aunque Díaz aclara que no fue más que esa información que podría haber consultado en otra instancia, sí lo consideró como un acercamiento de posturas.

Hasta ahora la jueza Ximena Saldivia no ha entregado declaraciones públicas, pero quienes han tomado contacto con ella señalaron a nuestro medio que está dando señales claras. Una de ellas apunta a la carta enviada por el Observatorio Ciudadano al Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García- Sayán. En este documento al que Diario Universidad de Chile tuvo acceso se indica que las denuncias realizadas en la ACHS ratifican las amenazas y presiones ejercidas hacia la jueza e indica que representa una grave afectación a la independencia del proceso. Desde ahí, le instaron al organismo requerir toda la información necesaria para despejar el caso. La carta está firmada por el abogado José Aylwin en su calidad de director de dicha ONG, quien además es consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y por el abogado Hernando Silva. Un documento que no ha sido desmentido por la jueza Saldivia.

Más allá de recurrir a la ACHS, se esperaría que la jueza tratara el tema directamente con el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, explicitando el fondo de las presiones que hasta ahora no ha dado a conocer públicamente. El Defensor Penal Público de La Araucanía, Renato González, advirtió que una denuncia de esas características podría anular el juicio e inhabilitar al Tribunal, y si es ratificada o no por la institutición laboral, sí o sí sienta el precedente de que la jueza se sentió presionada por uno de sus pares.

La directrices de Abbott

Una reunión entre el fiscal nacional Jorge Abbott, Jorge Luchsinger, sus abogados y los representantes de la Iglesia Evangélica en la Fiscalía Regional de Temuco. Materias a tratar: caso Luchsinger- Mackay y caso Iglesias. En este encuentro que se desarrolló el miércoles pasado el fiscal agradeció a la familia Luchsinger por haber enfrentado un nuevo juicio oral que para gusto del Ministerio Público no resolvía por completo su pretensión, pero que al menos permitía hablar de un escenario más favorable para las víctimas. Lo que para algunos fue un gesto de camaradería, para otros derechamente evidenciaba la falta de objetividad de la Fiscalía y la concreción de varias señales que se venían dando desde hace algunos meses atrás.

Abril fue el mes de la cuenta pública de la Fiscalía Nacional. Más allá de la polémica que generó el tercer discurso de Abbott por su llamado a no interferir “más de lo necesario” en el Congreso, otro punto también llamó la atención: por primera vez se mencionaba explícitamente el caso del matrimonio Luchsinger- Mackay. Ni en 2013 cuando ocurrió el atentado en la granja Lumahue el entonces jefe máximo de la institución Sabas Chahuán nombró a la pareja de parceleros en la cuenta pública.

Y aunque se habían hecho alusiones generales a la Ley Antiterrorista y a las modificaciones que se creían necesarias de implementar, este año las palabras de Abbott fueron más allá: “Estamos plenamente convencidos de que la familia Luchsinger- Mackay, al igual que todas las víctimas, merece una respuesta”. Luego en los siguientes párrafos del discurso, acotó: “Tenemos una seria dificultad relacionada con la falta de valoración que hacen los Tribunales de la prueba indiciaria, en especial en lo referido a casos de violencia rural (…) Creemos necesario debatir con la judicatura cómo incorporar en el proceso penal su análisis y valoración de la prueba indiciaria, yendo más allá de los actos de mera constatación”. De todo, un punto claro: valorar los indicios.

Ahí estaba el hoy cuestionado Jorge Abbott delineando directrices mientras en paralelo se desarrollaba el segundo juicio oral en contra de los once mapuches acusados. Restaban diez días para que se entregara el veredicto del caso y el mensaje tuvo eco. Ese sábado 5 de mayo, el Tribunal Oral en Lo Penal (TOP) de Temuco condenó a tres comuneros por delito terrorista con resultado de muerte y absolvió a ocho de quienes no se logró probar su participación en los hechos.

Hubo marcadas diferencias entre este veredicto y el que se dio a conocer luego del primer juicio que fue invalidado de manera unánime por la Corte de Apelaciones de Temuco, en diciembre del año pasado. La primera terna de jueces a cargo del caso – integrado por José Ignacio Rau, Patricia Abollado y Luis Torres- absolvió al total de comuneros por insuficiencia de pruebas, principalmente porque las afirmaciones hechas por el delator compensado José Peralino Huinca no se lograron comprobar a través de otras fuentes probatorias diferentes y autónomas. Peralino fue quien acusó a los otros diez mapuches de haberse reunido en la casa de la machi Francisca Linconao previo al atentado y quien hoy arriesga una condena de diez años de presidio.

Esta vez los jueces Germán Varas, Mauricio Poblete y Rocío Pinilla admitieron la tesis de terrorismo que manejaba la Fiscalía de La Araucanía argumentando que existían pruebas suficientes para condenar al menos a tres de los acusados. Un criterio que dejó satisfecho al Gobierno según lo manifestó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, poco después de la lectura del veredicto: “la decisión del Tribunal es un avance positivo”, señaló.

Uno de los testigos que declaró en el juicio comentó a nuestro medio: “Las palabras de Abbott fueron insinuaciones claras para este veredicto. La diferencia entre ambos fue mera opinión y todo se revela con la exclusión de la jueza”. Y aquí otro detalle que completó el cuadro: el día del veredicto se conocieron las intenciones de dos de los magistrados, el presidente Germán Varas y el juez alterno Juan Poblete Erices de avanzar en su carrera funcionaria del Poder Judicial. Se trataba de cargos que debían ser ratificado por el Ministerio de Justicia, es decir, requerían contar con el apoyo del Gobierno que encabeza el presidente Sebastián Piñera. Se habla de un choque de intereses.

Con todos los movimientos que se habían hecho, los fiscales Alberto Chiffelle y Luis Arroyo entendían que esta vez era mucho más probable anotar un punto. Sabían que un fallo condenatorio les permitiría levantar su debilitada imagen institucional. El primero de ellos afirmó en una entrevista a La Tercera que el fallo “derribó una posverdad instalada, que era una realidad tergiversada, donde se puso a los imputados como víctimas” y que “permitía recobrar la confianza en el sistema”. Por otro lado, Arroyo dejó su cargo de fiscal jefe de Alta Complejidad dos semanas después de conocido el veredicto aduciendo desgaste laboral por este caso y por la “Operación Huracán”.

Los persecutores también sabían que la absolución de ocho comuneros no era el punto clave, lo significativo era que por primera vez se estaría condenando por terrorismo a tres mapuches en uno de los casos judiciales más relevantes de los últimos años. Esto teniendo claro que el único sentenciado hasta ahora en el caso, el machi Celestino Córdova, lo es por delito incendiario.

Ese día del veredicto se le escuchó decir a Arroyo por el micrófono que aún seguía encendido a pesar de que la audiencia había finalizado “cuidado con lo que te puedan gritar, salgamos altiro por el pasillo” y se fueron rápidamente con Chiffelle. Es que esperaban una reacción distinta porque a esas alturas ya se hablaba de que “el gran triunfo” para Chiffelle sería lograr que se eliminaran los vicios de ilegalidad y las insuficiencia de pruebas que empañaron el primer proceso para la Fiscalía de La Araucanía. Y así fue. El testimonio desmentido por el delator compensado José Peralino que era el piso acusatorio de la Fiscalía, esta vez fue suficiente para condenar.

El próximo 11 de junio el TOP de Temuco leerá la sentencia contra José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel y José Peralino Huinca. La Fiscalía solicitó una condena de presidio perpetuo calificado para los dos primeros y diez años para Peralino por su supuesta colaboración en la indagatoria. Todo esto, a pesar de que fue el propio fiscal Héctor Leiva quien expresó durante los alegatos de apertura del segundo juicio que aún existen líneas de investigación abiertas. El abogado José Luis Correa, quien representó a tres de los mapuches absueltos, indicó en juicio que “revisando las pruebas de la Fiscalía se constató que actualmente se encontrarían abiertas otras seis líneas investigativas, en promedio con diez personas indagadas en cada una”. Y cuestionó: “¿Por qué el Ministerio Público decide acusar a estas personas? Lo desconozco, pero antes se argumentó que las otras aristas estaban cerradas y eso no es cierto”. Inconsistencias que saltan a la vista.