111 fueron los cirujanos acusados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de “actuar de forma conjunta en el mercado de servicios profesionales otorgados por médicos especialistas en cirugía y sus respectivas subespecialidades, que son demandados por usuarios del sistema privado de salud en la Quinta Región de Chile, mediante la fijación e implementación de precios de venta de las prestaciones médicas de consulta y procedimientos quirúrgicos de su especialidad”.

La situación llegó hasta el Senado, lugar en el que fue abordado por la comisión de Salud y en esta jornada, citaron a Fiscal (s) Mario Ybar a dar cuenta del requerimiento en el que la FNE señala que los médicos actuaban de manera colectiva al menos desde 1985, fijando los aranceles que cobran por sus servicios médicos y suplantando a la competencia como mecanismo de determinación de precios, todo ello, en el sistema privado.

Ybar explicó que los antecedentes presentados en esta jornada a la comisión de Salud, son de carácter público, respetando la investigación que se lleva adelante. En ese sentido, la Fiscalía llegó al convencimiento que los 111 médicos y la asociación gremial que lo cobija, actuaron de forma conjunta en el mercado de servicios profesionales otorgados por médicos especialistas en cirugías y sus respectivas subespecialidades, las que son demandadas por usuarios del sistema privado mediante fijación de precios de venta.

A ello, agregó que la asociación gremial actuó en representación de los doctores, implementado el acuerdo en el que participaban los asociados suscribiendo convenios escritos o verbales con las isapres que operan en la región de Valparaíso. Adicionalmente, se monitoreó el cumplimiento del arancel acordado y, a la vez, se impuso sanciones a quienes se han desviado del acuerdo.

Luego de dar a conocer esta información, el fiscal explicó que la investigación surgió por una denuncia de un médico que señala que la asociación estableció una medida disciplinaria de suspensión de derechos por salirse de este acuerdo y acordar tarifas más bajas.

Para este caso, la Fiscalía Nacional Económica solicitó que se declare que los doctores han infringido el artículo tercero de la ley de competencia, además, que se le prohíba seguir tomando decisiones de común acuerdo respecto de los precios a acordar. Por ello, se solicita la multa de mil unidades tributarias anuales a la asociación gremial, además de la disolución de la organización.

En respuesta de los antecedentes, el secretario del Colegio Médico de la región de Valparaíso y consejero a nivel nacional, Hugo Reyes, afirmó que existen cerca de 300 cirujanos, de los que 180 que están en la asociación gremial, de ellos, 111 están siendo investigados, lo que es cuestionado por el representante del gremio, quien aseguró que a su parecer, para que haya colusión deben estar todos los cirujanos.

A su vez, Reyes acusó que el médico denunciante es dueño de una clínica privada y monta un plan a un costo muy bajo, en el cual lo atiende él con otros profesionales y lo que se le pidió fue participar como cirujanos de ese plan y él lo prohibió. 

Respecto de otros antecedentes, en 2014, el Colegio Médico regional acusó que se presentó ante la FNE un requerimiento a las isapres por integración vertical, de lo que no hubo respuesta, sin embargo, el año pasado la Contraloría pide pronunciar a la superintendencia de salud sobre integración vertical lo que la Fiscalía no ha hecho.

Lo anterior, vino en la línea de la defensa emitida de parte de la Asociación Gremial el viernes, quien “no hay colusión y no hay cartel”, así de categórico lo afirmó el presidente de la Asociación Gremial de Cirujanos de la V Región, Dr. Arturo Paillalef. “Lo que sí somos es un grupo de médicos, cirujanos todos, legítimamente reunidos en la asociación gremial de especialistas, en la que se desarrollan temas sociales, educacionales y científicos. La Asociación Gremial de Cirujanos de la Quinta Región está constituida por miembros honorables y, además, profesionales de excelencia.”

Paillalef recordó que el requerimiento de la FNE “ya fue presentado el año 2017 y en esa ocasión fue rechazado en el Tribunal de la Libre Competencia” y lamentó “la exposición pública de médicos por parte de la Fiscalía Nacional Económica, buscando el injusto escarnio público de quienes, insisto, son médicos honorables y de excelencia”.