Los valles de la provincia de Petorca se han mantenido con escasez producto de la sobre explotación hídrica por parte de las empresas agroexportadoras emplazadas en el territorio. Dicha realidad parecía estar invisibilizada, puesto que, aunque la evidencia estaba, la acción fiscalizadora y sancionatoria estaba lejos de producirse.

La semana pasada el Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios calificó de exitosa la primera fiscalización masiva al uso de derechos de aguas en la provincia, jornada en la que se revisaron 49 puntos, de los cuales aparecieron 14 situaciones irregulares en el uso del recurso.

La inspección realizada por la autoridad ministerial abarcó todos los pozos que fueron excavados sobre el acuífero de La Ligua, en virtud de derechos provisorios que en 2014 fueron revocados.

El 22 de diciembre de 2015, Rodrigo Mundaca, vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio ambiente, junto a los líderes sociales, Guillermo Toledo, Verónica Vilches y María Soledad Marchant, patrocinados por el abogado de la defensoría popular Rodrigo Román, presentaron una acción judicial ante la fiscalía local de La Ligua, donde denunciaban la usurpación de agua por parte de las agrícolas de propiedad de Edmundo Pérez Yoma, Eduardo Cerda, Osvaldo Junemann, Juan Ruiz Tagle y Alberto Piwonca.

En ese tiempo, Luis Cortez, fiscal de La Ligua, citó a declarar solo a Verónica Vilches y a Guillermo Toledo para, posteriormente, el 18 de marzo de 2016, a través de carta certificada, notificar a  Rodrigo Mundaca de “que los antecedentes han sido insuficientes para lograr el esclarecimiento de los hechos, determinar algún responsable de los mismos o decretar alguna diligencia útil de investigación, por lo que es solo en el evento que exista o surja otro antecedentes será posible continuar con esta indagación”.

“Hoy día se hace una fiscalización de pozos de captación de agua que tienen derechos provisionales, habiendo existido una resolución del 20 de junio del 2014 y firmada por Carlos Esteves (resolución 1703), la que revocaba los derechos provisionales, pero que nunca fue efectiva. Esto porque los derechos provisionales estaban en manos de conspicuos políticos y empresarios que eran y pertenecían al mismo sector político de Michelle Bachelet”, denuncia Rodrigo Mundaca.

Recordemos que el río La Ligua fue declarado área de restricción para nuevas explotaciones subterráneas en 2004, sin embargo, se entregaron cerca de 704 litros por segundo en carácter de provisorios para apoyar la expansión agrícola. Luego, y por el riesgo que implicaba secar el acuífero, se revocaron esos derechos, sin embargo, se siguieron usando.

Hoy, luego de tres años de constantes denuncias y la mediatización internacional del caso Petorca en medios de Inglaterra y Alemania, el subsecretario de Obras Públicas, Luis Palacios, después de la masiva inspección de la semana pasada afirmó que “ahora corresponde estudiar cada una de las anomalías localizadas para establecer si se trata de trasgresiones a la norma y si se confirman las sospechas de que, al parecer, hay personas que siguen usando esos derechos provisionales”.

“En contraste a las razones que se dieron en ese momento, hoy se confirma lo que hemos dicho siempre: hay extracción ilegal de agua. Lo extraño es que en 2015 el fiscal local de La Ligua, Luis Cortez, no haya querido investigar una situación que hoy es ampliamente conocida”, advierte Mundaca.

Según el líder social de Petorca, una de las formas de fiscalizar el funcionamiento y el uso de los derechos de agua es a través de detectar el uso de drenes, obras de ingeniería que van por de debajo de la tierra y capturan toda el agua subterránea para llevarla a los campos de cultivo. A través de un estudio de detección aeroespacial hecho en el primer gobierno de Piñera se detectaron 65 drenes, los que deberían desaparecer de la zona, explicó el vocero de Modatima.

Sin embargo, una forma más simple de determinar la sobreexplotación de agua se podría realizar a través de un balance hídrico, lo que significa que técnicamente se necesita un litro por segundo para regar una hectárea de paltas, es decir, si tiene quinientas hectáreas sembradas y solo cien litros por segundo de derechos de aprovechamiento, se está usurpando agua para cuatrocientas hectáreas. “De esta forma se usan los balances hídricos, para contrastar la superficie plantada versus los derechos de agua legalmente constituidos y de esa manera se confirma irrefutablemente que hay grandes productores que están usurpando aguas”, explica el vocero de Modatima.

Solo en el primer trimestre de este año, 4778 personas fueron abastecidas de agua a través de 16 camiones aljibes.

Amnistía

En una reunión solicitada por Amnistía Internacional en la que participaron el fiscal regional Pablo Gómez, el fiscal de La Ligua, Luis Cortez, y líderes sociales amenazados de muerte por defender el derecho humano al agua en la provincia de Petorca, Rodrigo Mundaca contó que en esta instancia, en la que también participó Ana Piquer, Directora de Amnistía Internacional, se les entregó a las autoridades del ministerio público un pliego que contenía cincuenta mil firmas que fueron recolectadas por todo el planeta durante el año 2017 en el marco de la campaña “valientes”, cuya  finalidad era proteger la vida de los líderes sociales.

En este sentido, la reunión sirvió para dejar en antecedentes a los fiscales sobre la situación de persecución que se ha generado en contra de los integrantes de Modatima y vecinos que han denunciado la usurpación de agua. Asimismo, en dicha instancia se solicitó protección para quienes denuncian estos hechos.

Según comentó Mundaca “el fiscal regional, al finalizar la reunión, coincidió en que lo que sucede en la provincia de Petorca en materia de privación de agua es una situación impropia y coincidió con que el agua debería ser un derecho humano y que debería estar consagrado en la constitución”.