Un reciente reportaje de Canal 13 dio a conocer serias irregularidades en el sistema que se aplican para internar menores vulnerables en centros del Sename.

El reportaje expuso que existe un grave problema con los informes que sirven de base para los jueces que deciden el futuro de un niño o niña. La investigación muestra que las corporaciones privadas colaboradoras que redactan estos textos lo hacen mal y en muchas ocasiones están copiados.

En entrevista con el programa “Semáforo” de nuestra emisora, la Defensora de los Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz, indicó que lo denunciado por el medio ya había sido detectado por la Defensoría. Sin embargo, aseveró que el Estado no ha realizado aún las modificaciones para corregir las irregularidades que involucran a los niños internados en estos centros de acogida.

“Lo relevante es poder hacerse cargo de las mejoras que requiere y que demanda necesariamente lo que fue exhibido este domingo, que es algo que se había detectado hace bastante tiempo y que el Estado no ha realizado las modificaciones necesarias para poder atender debidamente los requerimientos de los niños, en el contexto de la intervención de estos organismos colaboradores”, afirmó.

Al respecto, la jueza de familia, Mónica Jeldres, señaló que no existe una fiscalización estatal a estos programas.

La diputada de RN, Marcela Sabat, se pronunció sobre las falencias luego de un reportaje que dejó de manifiesto las irregularidades que existen en los informes que determinan el ingreso de menores a distintos centros del Servicio Nacional de Menores.

La parlamentaria confirmó que se citará a la Comisión de Familia de la Cámara Baja a los encargados de los recintos colaboradores privados involucrados, como son la fundación Opción, Ciudad del Niño y Mi Casa.

“Le hemos solicitado a la Presidenta de la Comisión de Familia citar a los organismos colaborares mencionados en el reportaje, ya que creemos que es importante, con estos antecedentes sobre la mesa, que son claros y serios, nos den una respuesta y dejen de lavarse las manos para recibir los miles de millones, y que sean siempre los niños los perjudicados y vulnerados en sus derechos”, argumentó.

El reportaje señaló que las anomalías se dan por el afán de los recintos privados de cobrar recursos, sin fijarse en la calidad del trabajo realizado. El Estado paga 150 mil pesos por informe. Al año, esto corresponde a mil 350 millones de pesos, mientras tres instituciones concentran estos recursos: Opción, con casi 6 mil millones; Ciudad del Niño, con 4 mil 200 millones, y Mi Casa, con 3 mil 190 millones de pesos aproximadamente.