El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) oficializó este martes 26 de junio la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 a la abogada Fabiola Letelier, profesional egresada de la Universidad de Chile que durante más de 50 años cumplió una extensa y destacada labor en la protección de los derechos humanos, particularmente durante la dictadura de Pinochet.

Su activa labor en el Comité Pro Paz, en la Vicaría de la Solidaridad y en la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) es parte de la trayectoria por la que la abogada Fabiola Letelier fue distinguida con este importante reconocimiento. El procesamiento y posterior condena del ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, fue uno de sus grandes logros. Este caso, que marcó un hito como la primera sentencia dictada contra militares implicados en violaciones a los derechos humanos, hoy contrasta con el debate actual en torno a la posibilidad de indultar a estas personas por condenadas por crímenes de lesa humanidad.

El significado de este reconocimiento, su vínculo con la Universidad de Chile y temas actuales en la contingencia asociada a los derechos humanos, como el movimiento feminista y la situación de los ciudadanos ecuatorianos torturados en la cárcel, fueron algunos de las materias abordadas por Fabiola Letelier, en exclusiva con Prensa U de Chile.

¿Qué significado tiene para usted este reconocimiento después de una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos?
Ha sido una gran alegría que he compartido con mi familia y amistades porque creo que son los que más saben de la dedicación con la que he luchado en esta materia durante tantos años. He recibido innumerables muestras de afecto y felicitaciones por este reconocimiento, que es algo que valoro mucho y que tiene un profundo significado para mí por lo que representa en mi vida la exigencia del respeto de los derechos humanos a todo nivel. Espero seguir contribuyendo a esta causa porque es fundamental que la sociedad chilena pueda comprender los dolores, las angustias y las imitaciones que tantos sectores han vivido y siguen viviendo en nuestro país.

¿Cuáles fueron sus motivaciones para estudiar Derecho y qué elementos le entregó su formación en la Universidad de Chile?
Yo obtuve mi bachillerato en Letras en la Universidad de Chile el año 1946. Luego estudié un año Derecho en la Universidad Católica y en 1948 me cambié a Derecho en la Universidad de Chile porque me sentía más identificada con esta institución, sobre todo por su carácter más progresista, diverso y abierto. Fue la institución que escogí y tengo una vinculación muy profunda con la Universidad y la Facultad de Derecho, donde pude abrirme a otro mundo y conocer a muchos profesores extraordinarios que nos formaron con la conciencia de la responsabilidad que tenemos como profesionales con la sociedad. Este espacio significa mucho para mí y mi familia. Mi hermano, Orlando Letelier, que fue asesinado por la dictadura de Pinochet, también estudió en la Universidad de Chile. Por eso, el memorial que se hizo a él y otras 20 víctimas en la Facultad de Derecho el año 2014 fue algo muy emotivo.

¿Qué reflexiones tiene sobre el movimiento feminista, la lucha por la equidad de género y el papel de las estudiantes y académicas de la Universidad en torno a este tema?
La lucha por los derechos humanos en Chile ha avanzado, pero aún está incompleta. Hoy la lucha está concentrada, entre otros temas, en el movimiento feminista. Es algo que surgió con mucha fuerza y creo que la Universidad -sobre todo a través de sus estudiantes y académicas-, cumple un rol central como espacio para que la mujer pueda actuar en igualdad de condiciones en la totalidad de los espacios. Es una tarea defícil pero necesaria para seguir avanzando en la igualdad de derechos. Es fundamental que exista una conciencia general sobre los problemas que las mujeres aún enfrentamos para asi derribar las barreras y las limitaciones. Eso es lo que ha instalado el movimiento feminista, que yo creo será cada vez más amplio y tendrá mayores avances en la búsqueda del cambio, la verdad y la justicia.

Después de los muchos obstáculos que se han enfrentado para conseguir procesamientos y condenas en relación a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, ¿qué opinión tiene de la discusión que se ha levantado en torno a la posibilidad de indultar a militares condenados por estos crímenes?
Creo -sincera y profundamente-, que quienes han cometido delitos gravísimos, establecidos así en nuestras normas y en el derecho internacional, no pueden acceder a sistemas especiales de protección ni a mecanismos que puedan significarles la libertad o disminución de condenas. Esto sería un error gravísimo que no podemos tolerar, sobre todo cuando se trata de crímenes tan serios y graves, cuyos efectos no se han borrado ni se borrarán pronto en nuestro país. Esto no puede aceptarse, ya que siguen existiendo detenidos desaparecidos, pactos de silencio y nulo arrepentimiento sobre tantas atrocidades cometidas contra miles de chilenos. Hay que rechazar la posibilidad de cualquier indulto y necesitamos seguir insistiendo en la búsqueda de verdad y justicia.

En las últimas semanas ha concentrado el debate la situación de unos ciudadanos ecuatorianos sometidos a torturas en la cárcel por el asesinato de una funcionaria de nuestra universidad. Muchas personas han avalado estas prácticas. ¿Cuál es su evaluación respecto a estas expresiones y a la existencia de estas prácticas en Chile?
Esas expresiones me parecen inaceptables. Es fundamental condenar la tortura en cualquier situación y contexto y respecto de cualquier persona, independiente de sus convicciones políticas, nacionalidad o raza. A los organismos de derechos humanos les ha costado mucho esfuerzo que la tortura pueda tener una condena clara y definitiva. Hemos conseguido dar pasos importantes, pero necesitamos seguir avanzando. La tortura es un delito gravísimo que debe ser rechazado y eliminado en todas sus formas. Hay que tener claro que los presos son personas y tienen derechos humanos, así como instituciones especiales que los rigen, las que deben ser respetadas. Esto no significa omitir u olvidar los delitos que cada persona pueda haber cometido. Es un tema en el que hay mucho por hacer aún para alcanzar el Estado de Derecho para una sociedad justa.