Según informes dados a conocer por Organizaciones No Gubernamentales, las penas por el delito de cohecho en el país están lejos de ser comparadas con otras naciones.

Chile es una de las naciones con menores sanciones, en el otro lado, España, Brasil y Perú han conseguido castigos ejemplares sobre hechos de corrupción.

En España, además de remover al presidente del gobierno Mariano Rajoy, la justicia aplicó altas penas contra otros integrantes del Partido Popular (PP) involucrados en el denominado “caso Gürtel”. La Audiencia Nacional condenó, entre otros acusados, al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, a 33 años de prisión;  su esposa a 15 años; y al empresario Francisco Correa, considerado el líder de la red, a 51 años.

En Brasil, hasta la fecha, el caso Lava Jato lleva 109 condenas a presidio efectivo, y en Perú hubo 1.760 condenas por corrupción durante el 2017.

Mientras en Chile, las investigaciones de eventuales casos de cohecho se han enfrentado a serias dificultades, Así ha sido incluso en la audiencia del llamado caso Penta.

Este martes finalizó la primera jornada de reformalización y procedimiento abreviado de los excontroladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, del exgerente de contabilidad, Marcos Castro, y del exsubsecretario de Minería Pablo Wagner.

Durante la audiencia el fiscal regional metropolitano, Manuel Guerra, eliminó los cargos de soborno para Lavín y Délano. En tanto, a Wagner se le quitaron los cargos por cohecho. Todo como se había acordado de palabra previamente entre el persecutor y los abogados de los acusados.

El ex ministro de Sebastián Piñera habría recibido pagos mensuales por parte del Holding. A esto, según se acusó, se sumaron actos del exfuncionario en favor de los empresarios. Gestiones para que Lavín fuera miembro del directorio de Codelco, según se establece en correos incautados por la indagatoria.

Pese a la decisión del fiscal Guerra, será el juez de garantía quien revise el acuerdo, que finalmente determinará si los hechos dan cuenta del delito de cohecho o solo enriquecimiento ilícito.

La Fundación Ciudadano Inteligente, querellante del caso Penta, aseveró que la compañía “trató de comprar a la democracia chilena”.

El abogado de la ONG y parte querellante, Mauricio Daza, indicó que el fiscal Manuel Guerra manipuló los hechos para hacer viable el acuerdo acordado con las defensas de Carlos Délano, Carlos Lavín y Pablo Wagner.

“Todo con la finalidad de poder viabilizar un acuerdo básicamente conveniente para las defensas de los imputados en este caso. Lo que está haciendo el fiscal Guerra no sólo es impresentable, sino que es una vergüenza y, además, no cumple con las exigencias que implica el cargo público que él desempeña”, afirmó.

Otro de los que se opondrá al acuerdo es el abogado representante del Partido Socialista en la causa, Enrique Aldunate.

El jurista querellante precisó que espera intervenir este miércoles, reafirmando su oposición al juicio abreviado, que en la práctica, significa solo la dictación de penas remitidas y multas para los acusados.

“Legítimamente podemos fundar una posición razonable y esperamos que el juez dé lugar a lo que estamos planteando. Eventualmente, acá los delitos no son solo tributarios, sino que también existen acciones de cohecho, como inicialmente se planteó en este proceso”, argumentó.

La audiencia de este miércoles también contará con la presencia de abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien decidió oponerse al acuerdo firmado por el fiscal regional Manuel Guerra y los abogados de los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y del exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, que suprime los delitos de cohecho y soborno en la causa.

Los consejeros se opondrán al procedimiento abreviado debido a la gravedad y relevancia del caso, que no estaba compensado en el acuerdo impulsado por el Ministerio Público.

Recordemos que hace unos días la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional rechazó igualmente la recalificación de los hechos imputados.