A través de sus abogados Samuel Donoso y Andrea Rivera, según informó La Tercera, Patricio Contesse solicitó que se reabra el caso, se cite a declarar a funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos que se encargaron de la revisión del caso SQM y, además, que se entreguen los antecedentes tributarios de las empresas Copec, Ripley, Cencosud y OAS, entre otras.

Según consignó un reportaje del mismo medio en abril de 2017, el Servicio de Impuestos Internos (SII) habría decidido no perseguir a Bci, Eccsa (Ripley), Empresas Copec, Inversiones Siemel, Abastible, Watt’s, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, CorpBanca, Inversiones Caburga e Inversiones Newport, todas involucradas en financiamiento irregular a la política.

En estos casos se optó por cobrar los intereses, impuestos y multas correspondientes, situación que para la defensa podría dar cuenta de que la conducta de Contesse no es imputable objetivamente.

Por otro lado, desde la institución fiscalizadora, cuando se iniciaron los casos de financiamiento irregular a la política, fueron enfáticos en señalar que solo iban a perseguir la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas para reducir la renta líquida imponible, pero que no está dentro de su responsabilidad velar por el cumplimiento de la Ley Electoral.

La solicitud ha puesto nuevamente en la mira la actitud del Servicio de Impuestos Internos y su rol fiscalizador frente a casos como este, pues ya en 2017, se había conocido que el SII optaba en varios casos por resolver el problema evitando la acción penal.

Para el diputado René Saffirio, la petición viene acompañada de mucha información que seguramente Contesse mantiene oculta y que puede aludir a personas de otros sectores políticos.

Además, comentó que es “el momento de que se hagan todos los esfuerzos institucionales necesarios para que se esclarezca toda la situación más allá de quienes sean los involucrados”, pues esa es la única forma de que la ciudadanía puede recuperar la confianza en las autoridades.,

Además, el parlamentario reitero la necesidad de que el Servicio de Impuestos Internos deje de ser la única entidad autorizada para querellarse en estos casos, propuesta que ya había sido discutida, pero que fue rechazada. Para René Saffirio, la idea se desestimó para proteger a personalidades políticas que han incurrido en financiamiento irregular.

Por su parte, el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, afirmó que el Servicio de Impuestos Internos ha actuado en pro de los intereses de los sectores políticos que lo manejan, hecho que lo ha tenido “al servicio de la impunidad en vez de garantizar a todos los chilenos que no hay situaciones ilegales en relación a la tributación en nuestro país, y para todos es evidente que fue selectivo a la hora de querellarse”.

Al igual que el diputado Saffirio, Tomás Hirsh indicó que no se puede seguir delegando al Servicio de Impuestos Interno la exclusividad a la hora de querellarse, pues es una organización que depende directamente el gobierno de turno.

Según el abogado de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, la entidad fiscalizadora tiene establecidos los criterios que determinan cuando querellarse o no, sin embargo, en el caso de estas empresas, dichos criterios fueron ignorados.

“Muchos tenemos la sensación de que durante el gobierno anterior, cuando se cambió al equipo que tenía Impuestos Internos, se sacó a Jorrat y se trajo a otro director. Esto se distorsionó completamente, y ahí empezó un proceso de tipo político de cerrar estas causas para proteger a los involucrados. Yo creo que esa es un poco la sensación que hay y, en ese sentido, estos criterios tradicionales de discriminación se abandonaron un poco”, indicó.

El académico afirmó que en casos donde exista un interés público superior debiese existir la posibilidad de que el Ministerio Público pueda actuar por sí solo, aun cuando el Servicio de Impuestos Internos no esté de acuerdo, como pasó en este caso.

Además, el abogado señaló que es prácticamente imposible que a partir de la petición de Patricio Contesse se investigue a otras empresas pues, en el momento adecuado, no se hizo la persecución y ahora su situación está fuera del alcance del juez a cargo del Caso SQM.