“A pesar de las múltiples recomendaciones que hemos hecho para combatir el cohecho, no estamos viendo resultados”. Así lo manifestó la directora de Incidencia de la Fundación Espacio Público, María Jaraquemada, quien expresó su preocupación por los desenlaces de los casos relacionados con la corrupción.

A raíz de lo sucedido en el caso Penta, la ONG puso la voz de alerta respecto a lo que está sucediendo en el sistema penal con los delitos de cohecho, que cuentan con débiles sanciones y que al final quedan impunes.

María Jaraquemada admitió que, al dictamen judicial, se suma la negativa por parte de parlamentarios a legislar para penalizar más duramente delitos relacionados con el soborno. A pesar de que -precisó- la fundación recomendó aprobar el proyecto de ley que se está discutiendo y que este miércoles sufrió el primer revés.

“Nos preocupa que la Agenda Anticorrupción se desacelere. A pesar de varias recomendaciones que hemos hecho por el tema de cohecho, efectivamente no estamos viendo los resultados que quisiéramos, con miras a que, en el futuro, si esto ocurre, no vuelva a existir impunidad. Hay personas que ejercen liderazgo en esta materia, empujan la Agenda y otros la resisten. Los proyectos de ley rechazados en la comisión del Parlamento vienen a limitar el poder que tienen los propios incumbentes, por eso son difíciles de aprobar por ellos mismos”, afirmó.

Para la directora de Incidencia de la Fundación Espacio Público, María Jaraquemada, preocupa que hechos de cohecho aparezcan nuevamente en el futuro y sigan sin ninguna sanción efectiva.

La abogada admitió que existen críticas al trabajo que ha hecho el Ministerio Público, especialmente por no insistir en la figura del cohecho en el caso Penta. A pesar, indicó, de las opiniones contrarias de la propia Unidad Anticorrupción de la instancia y del Consejo de Defensa del Estado.

“Existen críticas, existen dudas, se levantan sospechas, entonces es importante que el Ministerio Público explique razonadamente porqué se optó por eso, para que también la ciudadanía pueda hacer su juicio. Ellos deben rendir cuentas, si fue o no fue adecuado su actuar y como esperamos que procedan en el futuro”, argumentó.

María Jaraquemada se refirió igualmente a los hechos que involucran al ministro de Salud, Emilio Santelices, sus relaciones económicas con la empresa Sonda, que podría ser considerada como un conflicto de interés.

Para la directora de Incidencia de Espacio Público, la legislación ha cambiado y es importante que siga cambiando. Por tanto, precisó, es importante recordar que posterior al caso Caval se perfeccionó la normativa. “Antes se contaba con mucho menos información y hoy existen herramientas para que los medios puedan descubrir y denunciar estos actos reñidos con la probidad”.

“Vemos que existe un avance en este sentido, sin embargo, nos preocupa que la agenda se esté desacelerando. Esto puede afectar a otros casos en el futuro, similares a los que estamos viendo hoy en día y que tengan los mismos resultados, que no haya ningún tipo de sanción efectiva”, subrayó.

La integrante de la Fundación Espacio Público, agregó que pese a las señales contrarías que se han dado para penalizar la corrupción, la instancia seguirá trabajando en la agenda. Precisó que se están abocando acciones para aumentar el control sobre los municipios, con el fin de evitar casos de corrupción, que muchas veces, según Jaraquemada, se dan debido a falencias institucionales.