La comisión mixta que está gestando la ley que castiga a quienes cometen delitos de cohecho determinó este martes que los autores de ese tipo de delito no se verán inhabilitados para ejercer cargos públicos. Por otro lado, la indicación de Leonardo Soto para que el cohecho no requiriera de pruebas de contraprestación también recibió el rechazo de los parlamentarios.

La ofensiva en contra de la inhabilitación fue transversal y contó con el respaldo de casi todos los sectores políticos. Felipe Harboe (PPD), José Miguel Insulza (PS), Víctor Pérez (UDI) y Andrés Allamand (RN) fueron los senadores que se manifestaron en contra de dicho castigo, además de los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Paulina Núñez (RN). Por el otro lado, en favor de la pena, estuvieron los diputados Gabriel Silber (DC), Leonardo Soto (PS) y la diputada Catalina Pérez (RD).

La indicación que establecía la inhabilitación del ejercicio de cargos públicos fue presentada por la diputada RD Catalina Pérez, mientras que  Leonardo Soto postuló que este delito no necesitara de pruebas de la contraprestación. Luego de la votación de la comisión mixta, Soto expuso en su cuenta de Twitter los argumentos esgrimidos por la oposición para rechazarla, contraponiéndolos con su posición.

¿Qué buscaba su indicación?

Lo que intentaba era terminar con toda la impunidad que existe en delitos de corrupción en este país. Gran parte de las sentencias absolutorias, como las del caso Penta y muchos más, tiene que ver con que hoy es muy difícil probar el cohecho. El cohecho es un derecho a soborno y hoy la ley vigente exige probar, pero con exactitud de relojero, dos situaciones: por un lado, la entrega de un beneficio indebido a un funcionario público, la coima y, por otro lado, también se tiene que acreditar que el funcionario público hace un favor a la persona que lo soborna con algún tipo de ventaja económica como, por ejemplo, adjudicar un contrato, redactar una ley, no fiscalizarlo, apurar los papeles, etc… Es decir, hay una contraprestación de vuelta y tiene que haber una vinculación directa ente una y otra.

Ahí yace la mayor complejidad que deja sin mucho margen de acción a la actual legislación…

Tiene que probarse que esa decisión administrativa del funcionario público tiene como finalidad responder al pago que se le hizo y eso es muy difícil de probar, porque tú entenderás que esto no se hace ante notario ni se hace con transmisión vía streaming. Se hace por separado. En una parte se entrega el dinero a alguien y por otro lado se hace el favor. Y cuando son descubiertos todos niegan: ‘no, si esto lo iba a hacer igual’, ‘ese contrato era el mejor que podíamos realizar’, ‘se lo merecían’. Hay muchas maneras de zafar, y si realmente queremos terminar con la impunidad de los delitos de cuello y corbata, no basta con aumentar las penas, sino que hay que tomar una medida que facilite condenar a personas por este delito. Mi indicación lo que hacía era estimar que se configura este delito grave de corrupción probando no todas estas circunstancias, sino una sola: la entrega del beneficio económico indebido en razón de su cargo al funcionario público, sin esperar a probar cuál es el beneficio que al sobornador le viene de vuelta. Esta indicación lo que hacía era crear un delito de cohecho nuevo que se denomina “delito de cohecho en razón del cargo” o “por mera actividad del cohecho”.

¿Y no existe ningún riesgo en no acreditar la contraprestación?

Esta indicación no es un invento que me haya surgido a mí. Existe en España, Alemania, Japón, Estados Unidos. Es una herramienta que se usaba para castigar los casos en que no se comprueba la contraprestación. La Fiscalía hoy día lo pide a gritos como herramienta para poder castigar casos que hoy quedan impunes y no corre ningún riesgo. Lo único que he escuchado son excusas para poder bajar una herramienta que nuestra legislación necesita y que sí puede cambiar las cosas. Puede marcar un antes y después.

¿A qué cree que responde el rechazo de los demás parlamentarios, sobre todo el de los de su sector?

Estuve una hora y media intentando convencer a los parlamentarios y finalmente la mayoría la votó en contra. Toda la derecha se unió para rechazar el delito, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, también se opuso y dos o tres parlamentarios de la ex NM. A mí me resulta incomprensible entender esa decisión, porque si realmente lo que queremos es combatir los delitos de corrupción y dar una señal concreta de que las cosas van a cambiar, tendrían que haberlo aprobado. Incluso varios de ellos hablaron bien de la indicación. El ministro de Justicia dijo “esta es una buena indicación”, pero a continuación venía una seguidilla de excusas para no hacerlo. Que no es el momento, que esperemos que se cambie todo el Código Penal -son 500 artículos-, que puede ocurrir en el futuro, que veámoslo con más tranquilidad. Solo excusas, pero no argumentos de verdad. Pareciera que lo que quieren los que se oponen a esta indicación, sin duda es el viejo gatopardismo: que todo parezca que cambie para que nada cambie. Eso me produce mucha molestia, porque estamos para producir cambios, no para marcar el paso y mantener las cosas tal como están.

El senador Francisco Huenchumilla tuvo intervenciones que parecían mostrarlo en favor de la indicación. ¿Por qué se abstuvo?

Lamentablemente no encontré que dieran argumentos sólidos y de peso para poder fundamentar ni el rechazo ni la abstención. El caso del senador Huenchumilla me sorprendió mucho porque en las primeras argumentaciones de sus intervenciones dijo algo que a todo el mundo sorprendió. Literalmente dijo “en mi vida como funcionario público yo he conocido a muchas autoridades a lo largo del tiempo que están en la nómina de empresas privadas y que reciben recursos de ellas” y agregó “yo no entendería que se rechazara esta indicación, porque busca penalizar ese tipo de prácticas que hay que desterrar”. Sin embargo, sin argumentos relevantes, se abstuvo y por lo tanto no dio un voto de aprobación a esta indicación. Yo solo puedo hablar de lo que vi y presencié en esa comisión y no vi argumentos relevantes que justificaran el rechazo o la abstención de la mayoría para oponerse que tiene todo el sentido y que es capaz de cambiar la historia en materia de corrupción política.

Según su juicio ¿habría parlamentarios que no quieren ese castigo para cuidarse a ellos mismos y a sus colegas?

No puedo entrar a especular porque no conozco sus situaciones personales y no corresponde que me transforme en juez de nadie, pero sí me queda muy claro que varios integrantes del parlamento no tienen un compromiso real con derrotar la impunidad en los delitos de cuello blanco y corbata. Sin duda preferirían que las cosas se mantuvieran tal como están y eso no es adecuado. Espero que en las dos sesiones que quedan podamos tener la altura del desafío que nos entregó el país, que es hacer un cambio en los delitos de corrupción, pero un cambio de verdad, porque no sirve aumentar las penas al doble o triple en los delitos de cohecho si finalmente no va a haber nadie sancionado por cohecho como ocurre hoy día. Hoy día el problema es de penas, penas bajas, pero más importante que las penas bajas es que los fiscales y el sistema judicial no tienen las herramientas para condenar a los corruptos y eso se puede mantener si no se hacen cambios como el que estamos solicitando.

¿Todavía quedan instancias para que se aprueba esa indicación o ya no va?

Fue rechazada, pero quedan dos sesiones de esa comisión y me niego a bajar los brazos en esto. Seguramente vamos a hacer propuestas iguales o distintas que busquen el mismo objetivo, porque creo que tenemos que estar a la altura de la responsabilizad de este desafío que tenemos. No descarto que en las próximas dos sesiones podamos entrar a discutir nuevamente indicaciones como la que lamentablemente fue rechazada y tengamos la oportunidad de verdad de hacer un cambio en materia  de impunidad en este país.

La próxima sesión se llevará a cabo este martes entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche en el Senado. Será transmitida por streaming gracias a la solicitud del diputado Soto para “tener estos debates con publicidad y transparencia”.