Los abogados que defienden a mapuches tienen reuniones en las que sus teléfonos no solo están apagados, sino que les quitan las baterías, esto por los micrófonos incorporados que traen los aparatos.

Por ejemplo, un centro de juntas improvisadas de estos defensores es el bar ‘La vida’ de Temuco, un local típico de la bohemia de la ciudad, caracterizado por un cálido ambiente además de música en vivo de manera ocasional. A veces se ha conversado de causas judiciales en dicho espacio, como el caso Luchsinger-Mackay, por ejemplo. Aunque también ha habido oídos interesados, “policías encubiertos”, según aseguran varios que conocen el lugar.

No es casualidad que tanto abogados, como interesados en las causas, se acerquen al bar ‘La vida’. La dueña de este espacio es la abogada Karina Riquelme, la presidenta del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur) y representante de mapuches en varias causas. Hoy las organizaciones de Derechos Humanos se encuentran alerta por su seguridad, puesto que las presiones indebidas a su labor de parte de desconocidos han ido en aumento.

Es un nombre que incomoda a algunos sectores. Durante décadas la defensa de mapuches acusados de terrorismo u otros delitos asociados a la reivindicación de tierras ancestrales eran sólo esfuerzos particulares de algunos abogados, lo que dificultaba el acceso para muchos imputados sumidos en la pobreza económica. Pero en el presente son varios los defensores que facilitan el patrocinio de estas personas, muchos agrupados en Cidsur.

Esta organización nace formalmente en 2011, fundada por Pablo Ortega, Sebastián Saavedra y Karina Riquelme, pero el trabajo grupal se remontaba de un año antes. La motivación principal es defender los Derechos Humanos de las personas que sufren la aplicación de la Ley Antiterrorista, la que ha sido incluso condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Si bien últimamente las presiones externas e ilegales se han intensificado, esta irregularidad ha sido parte de la vida profesional de Karina Riquelme. Como mujer nacida y criada en Temuco, siempre convivió con la realidad oprimida del pueblo mapuche. Ya en la universidad (UC de Temuco), mientras cursaba un diplomado de Derechos Humanos, comenzó a conocer la realidad que afectaba a los mapuches. Mientras realizaba su práctica inició una serie de viajes a las comunidades, donde le llamó la atención la violencia ejercida por las policías y la impunidad tras esto. Un mes antes de su titulación visitó por primera vez la cárcel de Angol, donde conoció a varios presos mapuches, en donde, asegura a nuestro medio, se percató de la sabiduría de estos y las irregularidades en torno a sus procesos. Todo esto terminó por condicionar su dirección vocacional y se dio cuenta que como abogada podía hacer algo.

Es así que se ha caracterizado como una de las profesionales que ha asumido estrategias atípicas hasta la época en las causas de este tipo, apuntando siempre a lo irregular de los procesos y la debilidad de las acusaciones de la Fiscalía, logrando complicar a estos en más de una ocasión.

El punto de quiebre, el momento en que su nombre tomó fuerza y se volvió incómodo para algunos sectores, se dio en 2009 durante una de sus visitas a las comunidades por una causa de mapuches acusados de incendio terrorista. Al ver que muchos niños eran sometidos a interrogatorios, comenzó a presentar recursos de amparo en favor de estos y en contra de Carabineros, la PDI e incluso el Juzgado de Garantía de Lautaro.

De este último Karina salió victoriosa y la implicancia fue potente, puesto que era primera vez que se reconocía judicialmente que un tribunal había vulnerado los derechos de niños mapuches. Pero tuvo consecuencias negativas también, puesto que este es el primer punto de confrontación con importantes nombres de la Fiscalía temuquense, como es el caso del fiscal jefe de Temuco, Alberto Chifelle, como también del fiscal de Alta Complejidad, Luis Arroyo, quienes lideraban la causa.

La causa anterior se llamó “Karina Riquelme vs la PDI”, algo que resulta a la vez simbólico cuando se denuncia su situación actual. Si bien desde los inicios de Cidsur todos sus integrantes han sufridos presiones, las contra la protagonista de este artículo han ido en aumento, con un tono cada vez más amenazante.

El primer amedrentamiento en su contra fue en 2009. Hasta su domicilio llegó una nota que la instaba a comunicarse con el funcionario de la PDI, Marcelo Millacoy. Tras acudir a su encuentro, este le manifestó que había una causa en su contra, “¿De quién?”, se preguntó Karina, pero no había denuncia ni víctima. En esa investigación se le acusó de ejercer ilegalmente la profesión durante 2009 en la Municipalidad de Pucón, donde efectivamente prestó servicios de asesoría jurídica antes de titularse. Fue formalizada por “fingir la profesión” y como no había denunciante y lo único que la inculpaba eran unas boletas de honorarios que confirmaban que prestó servicios, averiguó rápidamente que la causa en su primera página estaba firmada por el fiscal Alberto Chifelle, quien señaló que mientras buscaba antecedentes de Karina para ingresarla al sistema de los fiscales, encontró en internet estas boletas.

Mientras eso pasaba, Karina y Cidsur llevaban cinco causas de mapuches entre Temuco, Angol y Lautaro, algo que perjudicó este trabajo. Finalmente en 2011 la condenaron a 21 días de presidio, los que fueron conmutados por un año de firma en Gendarmería. Si bien se pidió la nulidad por no existir el delito de “fingir la profesión”, además de que en el municipio sabían que a ella le faltaba jurar, la Corte de Apelaciones de Temuco estimó que se debía aplicar la sentencia por haber dado ella la impresión de ser abogada.

Esto la obligó a retirarse un tiempo de las causas, de Luchsinger-Mackay, por ejemplo. Sin embargo las presiones no se detuvieron.

En 2016, en medio del proceso de Luchsinger-Mackay, se iniciaron nuevas investigaciones en contra de Karina Riquelme y el resto del equipo. En una de estas la “víctima” era Alberto Chifelle, quien acusaba que la abogada estaba recopilando antecedentes para perjudicarlo. Este proceso contaba con un testigo protegido que nunca declaró. Dato importante es que en esto también participaron los mismos funcionarios de la PDI involucrados en la causa por torturas que afectaron al comunero José Peralino, el que sostiene la acusación de la Fiscalía en el caso Luchsinger-Mackay.

Otra acusación surgida en este período señalaba que Karina, junto con Manuela Royo y Sebastián Saavedra, recorrían las calles de la región en una camioneta ofreciendo 10 millones de pesos a quien declarara que la PDI realizaba apremios ilegítimos.

Aunque la preocupación no es tanto por estas presiones vía administrativa. Al contrario, los abogados han sido constantemente presionados. Uno de los métodos más habituales es la toma de fotografías. Uno de estos casos, donde un desconocido los retrataba desde el estacionamiento del tribunal de Temuco, motivó un recurso de amparo, el que finalmente fue rechazado por la Corte Suprema, sin embargo esta solicitó que se les dejara trabajar tranquilos.

Con Investigaciones han sido varios los desencuentros durante el último tiempo. Durante una audiencia de formalización contra Carabineros por la Operación Huracán, Karina comenzó a fotografiar a los funcionarios de la PDI con tal de reconocerlos a futuro, ante lo cual uno de estos la increpó con gestos amenazantes. Mientras que en otra de estas audiencias, llegó un policía que se retiró rápidamente cuando el tribunal le pidió que identificara.

Esto último marca la tensión. Durante esa noche, un láser apuntó durante horas a la vivienda de Karina Riquelme, mientras ella se encontraba con su hija. Paralelamente al bar ‘La vida’ se le han cursado dos partes, ha recibido visitas “oficiales” de Carabineros, quienes en una de estas comentaron a los meseros “saludos a la Karina Riquelme”.

Esta semana el Instituto Nacional de Derechos Humanos junto con la abogada Pamela Nahuelcheo presentó un recurso de amparo en favor de Riquelme, medida que se suma a la a la Acción Urgente de protección solicitada por Amnistía Internacional a su favor, por las mismas presiones contra su integridad.