Javier Macaya y el aborto: "El Estado no puede obligar a instituciones, aunque destine recursos"

El diputado UDI se refirió al requerimiento que presentarán ante el Tribunal Constitucional, y que tiene por finalidad revertir el dictamen de la Contraloría que declaró ilegal el protocolo que presentó el gobierno, en el contexto de la ley de despenalización del aborto en tres causales.

El diputado UDI se refirió al requerimiento que presentarán ante el Tribunal Constitucional, y que tiene por finalidad revertir el dictamen de la Contraloría que declaró ilegal el protocolo que presentó el gobierno, en el contexto de la ley de despenalización del aborto en tres causales.

La totalidad de los diputados de la UDI sostuvo una comida con el Presidente de la República Sebastián Piñera, en la que se abordaron, entre otros temas, el requerimiento que interpondrán próximamente ante el Tribunal Constitucional.

En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el jefe de la bancada del partido oficialista, Javier Macaya, explicó que expusieron al mandatario las razones de la acción legal que ingresarán por el dictamen de la Contraloría que declaró ilegal el protocolo del Ejecutivo, en el contexto de la ley de despenalización del aborto en tres causales.

La idea, según el parlamentario, fue aclarar al mandatario que la acción no representa una oposición a las acciones del Gobierno.

Macaya precisó que esto no se trata del tema aborto, sino que de instituciones o la propia sociedad civil, quienes no puede estar obligados a cambiar sus estatutos por recibir subsidios de la administración fiscal.

Argumentó que la presentación pretende ampliar el campo hasta, por ejemplo, emprendedores que reciben recursos de Sercotec o Corfo, o de entidades educacionales, quienes no están obligadas, según el diputado, a asumir directrices del Gobierno.

“Los que somos más liberales pensamos que el Estado no se puede involucrar en todos los ámbitos de la sociedad civil, aun cuando te ponga plata. Es la lógica, el que pone la plata no pone la música siempre, existen ciertos principios mínimos de bien común que se tienen que cumplir, que la prestación de salud se concrete, tenga cobertura y eso hoy día en Chile se efectúa”, afirmó.

El jefe de la bancada de la UDI, recalcó que las usuarias de la red pública de salud, quienes acuden, por ejemplo, a consultorios de la red de la Universidad Católica en La Pintana, Puente Alto o el Hospital Parroquial de San Bernardo, se vean afectadas por el pronunciamiento de Contraloría.

“Tiene que ver con el rol subsidiario, la diferencia entre lo Estatal y lo público, donde existe una discusión ideológica, pero que, sin embargo, nos interesa poner de relieve a quienes termina afectando esta discusión, que finalmente son mujeres vulnerables que se atienden en centros de salud que legítimamente son objetores de conciencia”, subrayó.

Para el parlamentario oficialista no existen muchas mujeres que hoy demanden en el país practicarse un aborto en tres causales, pero sí listas de espera para diferentes prestaciones y enfermedades, que, según él, van a ser impedidas de atenderse en muchos recintos a pesar de ser objetores.

Javier Macaya indicó que esperarán la toma de razón del reglamento por parte de Contraloría para acumular firmas, donde no descartó sumar a sectores más liberales del conglomerado oficialista, como Evópoli.

Manifestó además su preocupación por las recientes movilizaciones que tienen como objetivo instaurar el aborto libre en el país.

Precisó que durante la discusión parlamentaria del proyecto de ley sobre tres causales, el fin último de la discusión era legalizar completamente la práctica.

“Al final es bueno que las personas se saquen la máscara, que sean más sinceros”, dijo.

Consultado sobre otros aspectos que se conversaron durante la cena de este jueves con el Presidente Piñera, el jefe de la bancada de la UDI, agregó que se trataron temas de agenda legislativa como el avance del proyecto de ley de pagos a las Pymes, la importación directa de medicamentos, la ampliación tecnológica a través de las “ciber-farmacias”, la normativa contra los estudiantes que causen destrozos y el aumento de las penas por ataques a carabineros.

 





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