Eduardo Alberto González Galeno era el director del Hospital de Cunco, en la Región de la Araucanía. Tenía 31 años cuando, el 14 de septiembre de 1973, fue detenido por ser militante del MIR. Según testimonios, durante su cautiverio lo golpearon brutalmente hasta desvanecerse. Hoy, el médico de profesión engrosa la vasta lista de los detenidos desaparecidos en dictadura.

El suboficial (r) Gamaliel Soto fue condenado a diez años por este caso, pues fue uno de los ejecutores del secuestro, sin embargo, la Segunda Sala de la Corte Suprema decidió este martes otorgarle la libertad condicional.

Junto con él, otros cuatro ex uniformados de Carabineros y Fuerzas Armadas presos en Punta Peuco y Colina 1 fueron liberados, producto de que el máximo tribunal del país acogió sus recursos de amparo.

Se trata del mencionado Gamaliel Soto Segura; el coronel (r) de Carabineros Manuel Pérez Santillán y los ex oficiales del Ejército, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, todos condenados por crímenes de lesa humanidad.

La Segunda Sala -compuesta por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y los abogados Ricardo Abuauad y Antonio Barra-  acogió los recursos y ordenó la libertad condicional  argumentando el buen comportamiento y el hecho de haber cumplido la mitad de las condenas.

Sin embargo, para el abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, estas justificaciones no bastan para conceder la libertad condicional, pues los beneficiados no han demostrado su arrepentimiento, por tanto, no se han rehabilitado, requisito fundamental para conceder beneficios de este tipo.
“Hay que tener en cuenta de que la libertad condicional se justifica solo de gente que ha sido rehabilitada, no tiene sentido el conceder la libertad a personas para que convivan con otras personas si no han reconocido la gravedad de sus crímenes, ni han demostrado arrepentimiento, más allá del cumplimiento de ciertas formalidades que están señaladas en un decreto ley que es muy anterior a la ocurrencia de estos crímenes, porque cuando se emite el decreto ley sobre los cuales se regula la libertad condicional, nadie se imaginaba que se iban a cometer tantos crímenes de lesa humanidad en nuestro país”.

Abogado Nelson Caucoto

Además, el jurista afirmó que otorgar libertad condicional a criminales de lesa humanidad, como es el caso, viola los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito en la materia.

Por su parte, el diputado DC y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Mario Venegas, sostuvo que es necesario elevar las exigencias para otorgar este tipo de beneficios, aunque evitó valorar la decisión de la Corte Suprema.

“Es un tema que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, los estándares para otorgar libertad condicional debiesen ser bastante más exigentes y, por cierto, considerar el que haya habido efectivo arrepentimiento, pero nosotros como norma no podemos cuestionar una decisión que está dentro de las facultades que le son propias a otro poder del Estado como lo es el poder judicial”.

Diputado Mario Venegas

Quien sí tuvo palabras para referirse al actuar del poder judicial, fue la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro. Para ella, en la decisión de la Corte Suprema se descifra un “inmoral pero resuelto” mensaje político al país.

“Hoy estamos frente a una decisión política de la Segunda Sala de la Corte Suprema, que de manera provocadora está liberando a cinco agentes, poniéndose en el sitial de los genocidas, de los violadores de derechos humanos. Cualquier argumento que hubiesen puesto, lo que buscan es más que nada dar una señal. Son cinco los agentes liberados, y los jueces saben el revuelo que esto iba a causar, por lo tanto, lo que se están haciendo es fijar una posición política frente a los genocidas violadores de derechos humanos”.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

La dirigente afirmó también que no se quedarán de brazos cruzados y agotarán todos los recursos posibles para denunciar y revertir la decisión de la justicia chilena, de hecho, confirmó que desde ya se encuentran conversando con algunos abogados.

De momento, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos convocó, para este miércoles primero de agosto a las 11:00 de la mañana, a una manifestación frente a tribunales por su “inmoral” decisión.

Desde el otra cara de la moneda, el senador Iván Moreira, quien fuera desaforado para ser investigado por casos de financiamiento ilegal de la política, criticó a quienes se oponen a la libertad de los condenados, y apuntó a que la izquierda “tiene un pacto con el diablo”, pues dijo que están llenos de odio y no hacen más que buscar venganza.

Mientras tanto, el diputado UDI Osvaldo Urrutia indicó que los beneficiados con la libertad condicional, no cometieron crímenes de lesa humanidad, sino que fueron condenados por esa razón.