Para el próximo martes nueve de octubre fue fijado el juicio oral contra el periodista Javier Rebolledo, quien afronta una querella por injurias por parte del militar en retiro, recluido en el penal de Punta Peuco, Pablo Quintana Salazar, condenado por diversos delitos de lesa humanidad.

Este jueves se efectuó la audiencia de advenimiento y preparación de litigio, donde los abogados querellantes exigieron a Rebolledo a resarcirse de lo comunicado contra el ex agente de la DINA en el libro Camaleón. Doble vida de un agente comunista, lo que fue denegado por parte de los defensores.

La demanda apunta específicamente a que, en la publicación, el profesional Javier Rebolledo escribió la declaración de un testigo que acusó a Pablo Quintana Salazar de haber introducido una zanahoria en la vagina de una detenida de origen uruguayo, durante un interrogatorio en el campo de prisioneros Tejas Verdes, durante la dictadura.

La abogada querellante, Karen Valenzuela, explicó que su cliente fue absuelto del delito de connotación sexual, pues quien lo inculpaba, otro ex agente de la DINA, Gregorio Romero Hernández, se desdijo de su declaración original.

“A nuestro cliente se le está acusando de un delito de connotación sexual, del cual los tribunales lo absolvieron, eso consideramos que se debe remediar por la justicia. No es un ataque contra el periodista, contra el libro, ni contra la libertad de expresión, simplemente que los medios, si quieren la verdad, publiquen la verdad”, afirmó.

Después de la audiencia, el periodista Javier Rebolledo explicó que en su libro solo describe las declaraciones de un ex agente y que está en su pleno derecho de informar la versión original, no obstante, el cambio de este relato.

“Este caballero declaró originalmente que Raúl Quintana Salazar había participado de este delito, después lo ratificó por segunda vez y, posteriormente, en una tercera instancia, se desdijo parcialmente de esos dichos. Yo puedo decir que he escuchado probablemente unas 50 veces a agentes de la DINA que han declarado los peores delitos de este país y que después, por consejos de sus abogados, se desdicen de sus dichos, porque eso implicaría que no fueran testigos, sino cómplices de los delitos. Creo que ese fue el caso de Gregorio Romero Hernández. Aquí hay un amedrentamiento, está en juego la libertad de prensa. ¿Cómo es posible que por citar un documento judicial yo pueda enfrentar tres años de cárcel?”, dijo.

Durante la preparación del juicio, el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Manuel Escobar, no acogió la prueba de la parte querellante, lo que fue destacado por la abogada defensora Alejandra Arriaza.

“La parte querellante se quedó sin evidencias porque no fue ofrecida en audiencia como señala la ley, por lo tanto, la única prueba que va a oír el Tribunal es la ofrecida por la defensa, que consiste en una parte testimonial y otra documental. Apuntan a acreditar que aquí no existe un delito de injurias, es más, Javier está haciendo ejercicio de un derecho y eso es lo que hoy lo tiene ligado a este proceso, el ejercer su trabajo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, respecto de la libertad de expresión y el derecho a la información”, argumentó.

La abogada defensora agregó que las pruebas van a ir orientadas a probar que los dichos en el libro son efectivos, a través de la declaración de una serie de testigos, víctimas de la reclusión en el Regimiento de Tejas Verdes, quienes aseguran que Pablo Quintana Salazar ejercía un rol durante los interrogatorios.

Alejandra Arriaza precisó que, por otro lado, se dará cuenta de la labor de los profesionales de la prensa y su derecho a informar. En este caso destaca la participación, como testigo en el juicio, de la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones  de la Universidad de Chile, Faride Zeran.

Así, el próximo nueve de octubre se llevará a cabo el litigio donde se pide una condena de 541 días por el delito de injurias contra Javier Rebolledo.

Durante la audiencia, el profesional estuvo acompañado por dirigentes del Colegio de Periodistas y representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos.