Los dos nuevos episodios de contaminación en la comuna de Quintero y Puchuncaví han alarmado a la población de la zona que desde hace décadas  ha sido víctima de eventos que ponen en riesgo la vida de niños y adultos.

Más de un centenar de personas presentaron síntomas de intoxicación, lo que motivó a las autoridades declarar alerta amarilla en la zona.

Más tarde, desde el Ejecutivo responsabilizaron a ENAP y notificaron a la empresa del cierre de sus faenas. Mientras, tanto la Empresa Nacional del Petróleo como Codelco, descartaron tener relación con dichos episodios y aseguraron tener la “plena convicción” de que han cumplido con todas las normas medioambientales.

Para el investigador asociado a la Fundación Terram, Hernán Ramírez, es ahí donde justamente radica el problema. A su juicio existe una carencia en materia normativa-ambiental.

“Actualmente toda la red de monitoreo de gases contaminantes de la zona, pertenecen a las mismas empresas que contaminan, que emiten estos contaminantes. Codelco, Aes Gener y GNL son los dueños de esta red de monitoreo, ellos contratan a los servicios técnicos que les mantienen calibrado los equipos, cosa que a la comunidad no le genera confianza”.

Desde el Gobierno, la ministra del Medioambiente, Marcela Cubillos, anunció un nuevo plan de descontaminación para la zona, aunque no descartó modificar el anterior impulsado por el ex ministro Marcelo Mena. Una posibilidad que fue cuestionada por el experto.

“Lo que descubre Contraloría, y la razón de fondo de por qué lo rechaza, es porque en vez de reducir los contaminantes presentes en la atmósfera, permitía que aumentaran. Permitía que en material particulado por ejemplo, Aes Gener pasara de las trescientos cincuenta toneladas que emite al año a mil 130. No tiene sentido, este plan de descontaminación no tenía sentido y es una burla.

A juicio del investigador de la Fundación Térram, para que éstos hechos no sigan ocurriendo, no basta con modificar la norma e impulsar un plan de descontaminación. También se requiere establecer sanciones a los responsables que vayan más allá de simples multas. Sin embargo, asegura, desde 2008 hasta la fecha esto no ha ocurrido.

“Cómo es posible que se sigan aprobando proyectos en la bahía y no se exija que las empresas que manejan estos químicos tengan elementos para medir estos componentes. Para que los cambios duren en el tiempo se requieren procesos de modificación de normativas y establecer responsabilidades que impliquen no sólo multas, sino que impliquen responsabilidades civiles”.