Fue a través del libro “Piñera y los leones de Sanhattan”, del periodista Sergio Jara, que se dio a conocer la información que hoy tiene bajo cuestionamientos al presidente Sebastián Piñera. Según indica la investigación, el año 2006 el mandatario, entonces en su rol de empresario, habría realizado una inversión en la compra de acciones en LAN, pero dicha operación se basaba en el conocimiento que tenía de información privilegiada.

Además, en entrevista con CNN Chile, Francisco Armanet, ex jefe de operaciones de la Corredora Banchile, aseguró que contaba con vídeos de dichas operaciones, pero que están en su caja fuerte y no serán revelados mientras Sebastián Piñera sea la máxima autoridad del país, ya que los registros podrían “desprestigiar la función presidencial”.

Frente a esta situación, la diputada Karol Cariola emplazó al mandatario a transprarentar la situación y exigir a Francisco Armanet que entregue el material que guarda. Además, la parlamentaria presentó un proyecto de acuerdo para que dicha acción se concrete.

Desde el Gobierno, fue la ministra Cecilia Pérez quien se refirió al tema, y aseguró que se trata de una “polémica absolutamente artificial”. Además, descartó que Sebastián Piñera haya incurrido en algún delito. Sobre la grabación, indicó que su existencia no tiene relevancia, pues la Superintendencia de Valores y Seguros ya multó al mandatario en 2007 y en dicha instancia se desestimó el uso de información privilegiada.

Para Karol Cariola es muy negativo bajarle el perfil a la situación, pues, por el contrario, el Gobierno debe intentar aclarar los hechos.

La parlamentaria dijo que, aunque ya se hizo una investigación, en aquella ocasión la Superintendencia de Valores y Seguros no contaba con los vídeos, por lo que se deben tomar en cuenta estos nuevos antecedentes y ser incorporados.

“Es distinto que se haya sancionado con una multa a Sebastián Piñera por la vía de no haberse abstenido del acceso a la información privilegiada, a hacer uso de la información privilegiada para poder desarrollar un negocio, con todo lo que eso significa. El propio señor Armanet lo calificó como un delito más grave que un robo. Por esto creemos que la situación debe ser investigada”, explicó Cariola.

Tal como ella lo menciona, Francisco Armanet mencionó en su entrevista que este delito es peor que robar, y aunque dijo que no puede opinar sobre lo que sucede en la actualidad, si aseguró que hasta hace unos años esta práctica era habitual en Chile.

De comprobarse la existencia del uso de la información privilegiada, en Chile el hecho ya estaría prescrito, sin embargo, Karol Cariola comentó que entregarán todos los antecedentes del caso a la Embajada de Estados Unidos y al Congreso de dicho país, dado que la transacción financiera se hizo con una empresa norteamericana, lo que significa que el caso podría investigarse allá, donde aún no caducaría.

La parlamentaria comentó que, aunque el negocio fue hecho cuando Sebastián Piñera aún no era presidente, este debe dar cuenta de sus acciones porque ahora representa a todo el país.

“Es un tema que no puede quedar en nada, no puede quedar en la impunidad (…) Se suman nuevos antecedentes que ponen en cuestionamiento el actuar probo del presidente en su rol de empresario y claro, alguien podría argumentar que eso lo hizo en el ámbito de ejercicio privado, como empresario, como persona natural. Sin embargo, él hoy es presidente de la República y un Presidente frente a actos como estos debe tener una conducta intachable”, señaló la diputada.

En esa línea dijo que “no es lo mismo cometer errores en la vida a generar delitos, a actuar de manera delictual”, por lo que sería muy importante que el mandatario explique lo que sucedió y contribuya a que se aclare el asunto para terminar con los cuestionamientos.

En esa misma línea, es que Cariola comparó la situación con la vivida por Michelle Bachelet durante su último gobierno, donde fue ampliamente cuestionada por las acciones de su hijo y su nuera en el caso Caval. Frente a esto indicó que el caso LAN  es mucho más grave, ya que no pone en duda el actuar de otros, sino el del mismo Presidente.

Por otra parte,  comentó que este hecho debe servir para cuestionar los plazos penales que existen para investigar el uso de información privilegiada: “la prescripción es a muy corto plazo y eso también es un elemento a revisar. Un delito de esta envergadura no solo involucra una transacción de empresarios, sino que involucra la inversión de miles de personas porque, por ejemplo, hay administradoras de pensiones de por medio”.

Karol Cariola manifestó que, en función de la transparencia y del rol fiscalizador que tienen los parlamentarios, espera que los diputados y diputadas aprueben su proyecto de acuerdo para que la situación pueda aclararse lo antes posible. Además, se está gestionado que el periodista Sergio Jara pueda asistir durante la próxima semana al Congreso para entregar más elementos sobre la investigación que realizó.