En un documento titulado “Acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema: Un daño a la institucionalidad”, la Fundación Jaime Guzmán se refirió al libelo acusatorio en contra de los ministros de la sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama, por haber otorgado la libertad condicional de 7 ex uniformados que actualmente cumplen condena por causas relativas a Derechos Humanos en el penal de Punta Peuco.

En el estudio concluyeron que ésta “es una herramienta de fiscalización en extremo excepcional, y no resulta responsable utilizarla para hacer un mero punto político o instalar un debate. El fondo que se buscaba era la destitución e inhabilidad de los magistrados de la Corte Suprema, teniendo como base argumentativa la dictación de un fallo y el criterio jurídico aplicado, lo cual, sin duda, constituye una vulneración al principio de independencia”.

El Asesor del Área Legislativa y colaborador del diputado Renzo Trisotti (UDI) en el estudio del libelo, Carlos Oyarzún, insistió en el punto, lamentando que fuera utilizado con fines umeramente políticos, toda vez que, como instrumento,  “carecía de toda justificación jurídica que la respaldara, al no configurarse el notable abandono de deberes”.