Después de cuatro años de investigación, la empresa petrolera de Brasil, Petrobras, consiguió un acuerdo con autoridades judiciales tanto en su país como en los Estados Unidos para cerrar las pesquisas en el marco del caso denominado “Lava Jato”.

Lo que comenzó con la denuncia de un empresario en 2008 y derivó en las acciones de la Fiscalía brasileña en 2014, culminó la semana que recién termina con el pago de 850 millones de dólares, poco menos de la mitad de las ganancias que obtuvo durante el primer semestre de este año que se empinaron sobre los mil 960 millones de dólares, lo que daba la primera señal de recuperación de la compañía.

En un comunicado, Petrobras explica que los acuerdos involucran al Departamento de Justicia y la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos, así como con el Ministerio Público Federal de Brasil.

A cada una de las entidades norteamericanas, la gigante petrolera deberá cancelar 85,3 millones de dólares, mientras que en los términos del acuerdo alcanzado con las instituciones estadounidenses se reconoce la destinación de 682,6 millones de dólares a las autoridades brasileñas que serán depositados por la compañía en un fondo especial y que será utilizado de conformidad a un instrumento establecido por la propia Fiscalía.

En el documento publicado por Petrobras, sostiene que “a lo largo de la Operación Lava Jato, las autoridades brasileñas, incluyendo el Supremo Tribunal Federal, reconocieron que algunos ex ejecutivos de la compañía y otros involucrados participaron en un esquema de corrupción que nos causó severos daños financieros”.

En efecto, en el “Acuerdo de no persecución”, se establece que si bien “nos responsabilizamos por los actos de ciertos ex ejecutivos y directores que causaron violaciones a las disposiciones legales sobre los registros contables y los controles internos de acuerdo con la legislación penal norteamericana”. Así como destaca que aquellos ejecutivos no forman parte de la empresa, indica que los efectos descritos en el documento provocaron que “fuimos víctimas de un esquema de corrupción que involucró a ex ejecutivos y ex directores”.

Además, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, las acciones de los ejecutivos supusieron violaciones al Acto de Seguridad 1933 estadounidense, al no asegurar las previsiones de los registros contables, controles internos y el archivo de informaciones falsas, esto último previsto en el mismo acto, pero con el número 1934.

En tanto, el acuerdo alcanzado con la Fiscalía Federal de Brasil apunta a que los montos asignados de 682 ,6 millones de dólares serán  depositados en un fondo especial y utilizados “estrictamente según los términos y condiciones del acuerdo celebrado, incluyendo la destinación para varios programas sociales y educacionales, apuntando a la promoción de la transparencia, ciudadanía y conformidad del sector público”.

La Operación Lava Jato significó la investigación anticorrupción más grande en la historia de la nación sudamericana según los agentes de la Policía Federal y tuvo ramificaciones empresariales y a políticos, varios de ellos diputados y senadores en ejercicio y ex gobernadores estaduales.