La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema acogió, por tres votos contra dos, el recurso de amparo que presentó la defensa del militar (R) en contra de Gendarmería, que se negó a otorgar el beneficio de libertad condicional Landier Uriarte quien cumple condena por el secuestro de tres ciudadanos uruguayos ocurrido en 1973, Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres.

Con la decisión de la sala se deja sin efecto la resolución de la Comisión de Libertad Condicional que negó el beneficio al  coronel (R) por considerar que se “ha privado de forma ilegal a este condenado a recuperar su derecho de libertad condicional, dejando sin efecto la resolución dictada por la comisión de Libertad Condicional reunida en abril del año en curso, y se le reconoce el derecho a la libertad condicional impetrado, debiendo seguirse a su respecto el procedimiento establecido en la ley y en el reglamento para su materialización”.

Los ministros que votaron positivamente el recurso para obtener beneficios carcelarios, fueron Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama,, los mismos magistrados acusados constitucionalmente por un grupo de diputados de oposición por la entrega de libertades condicionales a un grupo de reos de Punta Peuco hace algunos meses atrás.

El fallo se produce después del revés que el recluso de Punta Peuco, Lander Uriarte, sufrió en mayo de este año en la Corte de Apelaciones, cuando la instancia rechazó el recurso de protección en que el ex militar exigía un beneficio intrapenitenciario. En aquella ocasión, la Octava Sala del tribunal rechazó la solicitud por unanimidad.

Las reacciones del PPD: “Teníamos razón”

La Bancada de Diputados y Diputadas del PPD lamentó que la Corte Suprema otorgara la libertad condicional al coronel (r) del Ejército Lander Uriarte, quien desde 2015 cumple una condena de seis años de cárcel en el penal ubicado en la comuna de Til Til.

“Este nuevo beneficio carcelario que se otorga a personas que han sido victimarios en temas de derechos humanos, nos da la razón. Aquellos diputados que en su oportunidad, cuando se hizo la acusación constitucional, no concurrieron con su voto, hoy deben repensarlo y decir que teníamos razón quienes suscribimos la acusación constitucional. Hay una actitud claramente permisiva, de impunidad, con las personas que han sido ejecutores de delitos de lesa humanidad”, indicó el Jefe de la Bancada PPD, Ricardo Celis.

El parlamentario señaló que “quienes impulsamos la acusación constitucional, nos anticipamos a que en diciembre de este año, Punta Peuco va a estar prácticamente vacía si es que continuamos con estas prácticas que está llevando a cabo la Segunda Sala de la Corte Suprema”.

Por su parte, la diputada Carolina Marzán, -quien fue integrante de la Comisión que analizó el mérito de la acusación constitucional- sostuvo que “hace semanas se dijo que los acusadores sólo habíamos leído la tapa de la Constitución, y lo lamentable es que esta misma soberbia es la que impera, esta misma lejanía con el sentir ciudadano de impunidad, es la que se instala en nuestra sociedad”.

“Hoy son los mismos tres señores ministros acusados quienes curiosamente otorgan la mayoría para conceder la libertad condicional. Entonces el mensaje es bastante claro e inequívoco. Siguen otorgando beneficios a violadores de derechos humanos como si fuesen delincuentes comunes. De hecho, los votos disidentes para la concesión de esta libertad condicional, esgrimen los mismos argumentos que nosotros informamos en la Sala. De esta manera, queda más que demostrado que la acusación era perfectamente viable, no sólo en la forma sino que también en el fondo. Es vital que se integre el estándar de normativas internacionales antes de otorgar la libertad condicional tal y como se dijo en la acusación”, aseguró la diputada Marzán.