Esta mañana, el Presidente Sebastián Piñera dio el puntapié inicial al plan “La Legua sin muros” con la demolición de los cinco muros de la calle Mataveri, terminando así con los pasajes ciegos del lugar. Recordemos que la demolición de estas estructuras se inició en octubre del año pasado, viéndose constantemente interrumpida por las protestas de vecinos que miraban con desconfianza una medida que permitiría una mayor presencia policial en el sector. Sin embargo, esta vez el acto se realizó a eso de las siete de la mañana y sin inconvenientes, mientras los pobladores de La Legua dormían al son de las retroexcavadoras.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de la población La Legua, Paulo Álvarez, explicó el sentir de una parte importante de los vecinos respecto de la medida, que permitirá una mayor presencia policial en la zona. “Corresponde al carácter mediático que el Estado, pero en particular este gobierno le da a las problemáticas fundamentales de nuestra sociedad. Trata de caricaturizar y aprovecharse de las coyunturas. Creo que es una burla hacia las pobladoras y los pobladores, asegurándose de venir lo más temprano posible para no encontrarse, en definitiva, con el rostro concreto de las personas que aquí vivimos”, señaló Álvarez.
Por otra parte, Álvarez también comentó que para muchos de los vecinos esta es una medida que busca fortalecer la intervención policial que vive la población desde hace 17 años, intervención que, según el dirigente, está lejos de ser exitosa. “Para los que pueden estar más atentos y al mismo tiempo son más agudos con una definición más de largo plazo, estiman que esto es simplemente una construcción arquitectónica que favorece el orden policial que se ha impuesto como una propuesta contundentemente clara a partir del año 2001 y hasta el día de hoy, que se ha caracterizado, fundamentalmente, por la violación sistemática de los cuerpos y los derechos fundamentales de las personas“, sentenció el autor del libro Legua Emergencia: una historia de dignidad y lucha (2014).
Esto a su vez es respaldado por los resultados que arrojó un estudio realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en 2015 y que coincide con el diagnóstico de Álvarez. En el documento señalan que desde la intervención policial en 2001, la violencia sólo ha ido en aumento. Según el informe, los encuestados están de acuerdo en que los allanamientos de la PDI llegan a ser aun más violentos que los de Carabineros y son justamente estas operaciones las que han ido en aumento: de siete realizadas durante el año 2006, pasaron a 40 en 2013. Esto, sumado a las últimas polémicas en las que se han visto envueltas las fuerzas policiales son, para Paulo Álvarez, las principales causas que explican la situación en la población. “Todo de lo que nos hemos enterado en los últimos cinco o seis años habla de una crisis de confianza profunda, que está argumentada por prácticas sistemáticas de abuso y que generan fundamentalmente sufrimiento en la gente y por supuesto, desamparo”, finalizó el presidente del Comité de Derechos Humanos de la población La Legua.
De esta manera, los vecinos de La Legua se preparan para recibir el nuevo plan de regeneración que busca implementar el gobierno y que, según el Presidente, “permitirá devolverle la alegría de vivir” a una población que se ha visto históricamente afectada por constantes abusos y violaciones a los derechos humanos.
Foto: Agencia Uno
