En el día de a conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizaciones migrantes difundieron un comunicado manifestando su rechazo a la decisión del  Ejecutivo de no asistir al encuentro que se realizará en Marrakech, Marruecos,  para suscribir el Pacto Mundial para la Migración de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sumándose a países como Estados Unidos e Israel quienes no apoyarán el documento que será validado por más de 180 países.

Con esta decisión, plantearon desde la Red, “el gobierno de Chile decide revelar sus verdaderos enfoques en Derechos Humanos y en migración particularmente, contradiciendo los compromisos internacionales anteriores, sumándose así al grupo minoritario de quienes tienen las posiciones más retrógradas en la materia”.

Para el gobierno, afirmaron desde la entidad, este pacto “representa la pérdida de la soberanía, obligación de aceptar migrantes indeseados, compartir los derechos sociales, y dependencia de Naciones Unidas, entre otros”, cuando esta iniciativa multilateral  sólo “se trata de un pacto no vinculante que parte del principio de soberanía de los Estados y del derecho que tiene cada uno de definir su propia política migratoria, solo con el compromiso que esta no sea arbitraria y que respete los derechos humanos de las y los inmigrantes”.

Incluso, agregaron, “podríamos decir que es un pacto conservador, no vinculante que no sustituye lo que ya forma parte de la legislación chilena en: materias como la Convención de los derechos de los migrantes, la Convención Internacional sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, los acuerdos de la OIT, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos los instrumentos de Derechos Humanos firmados y ratificados por Chile desde 1948 hasta hoy”. Así, esta iniciativa “sólo organiza a nivel global una serie de iniciativas y programas existentes en las distintas regiones sobre migración internacional bajo el lema de establecer una migración segura, ordenada y regular”.

Por ello, acusaron, se trata de: “la utilización de la posverdad diciendo que el derecho a migrar violenta las fronteras, cuando no es así”.

“Chile necesita una ley y política migratoria que parta de la base de estos instrumentos  internacionales y que estando centrados en ellos no retroceda a niveles de derechos de las personas anteriores a la  Segunda Guerra Mundial”, continuaron, agregando que con esta decisión –que calificaron de “violenta, arbitraria y retrógrada”, “pareciera que el gobierno de Piñera está empecinado en desconocer los derechos humanos y condicionarlos para proteger los intereses de los grupos de la élite económica más que al país y su futuro”

“Es muy grave cuestionar los derechos humanos porque eso tiene efectos concretos en los cuerpos y vidas de seres humanos, particularmente de quienes no tienen la libertad de comprar los derechos en el mercado que las elites crearon y defienden sacrificando la justicia y dignidad humanas”, concluyeron.