Servicios mínimos suficientes para que la empresa, en caso de huelga, siga operando con normalidad; validar a grupos negociadores durante procesos de negociación colectiva; tope de indemnización, desde cuatro a seis meses por años de servicio, y flexibilidad laboral horaria.

Estos son los cuatro aspectos centrales que apuntaría el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo, con la que se pretende suplir capítulos que fueron promovidos por la anterior administración.

La profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valparaíso, Daniela Marzi, explicó que, con una mirada general, las modificaciones tienen como objetivo “la desaparición de la organización sindical”.

A su juicio, la idea legislativa, no cuenta con ningún aspecto que promocione la libertad de estos colectivos laborales.

“Son correcciones que van en desmedro de las organizaciones sindicales, sobre el todo el tema de la titularidad sindical, donde actualmente se entiende que esta instancia exclusiva puede negociar de forma colectiva. Los grupos negociadores son una práctica antisindical que se crea con un decreto ley del llamado Plan Laboral. En cuanto a los servicios mínimos, lo que quieren hacer a través de esta normativa es seguir debilitando una huelga que en Chile es prácticamente suicida, es decir, la huelga en el país no tiene prácticamente fuerza, aquellas que se hacen al amparo de la letra contenida en el actual Código del Trabajo”, afirmó.

Desde la presidencia de la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja aseguraron que el debate del la pre normativa será complejo.

El máximo representante de la instancia parlamentaria, diputado socialista Gastón Saavedra, anticipó su rechazo a todo intento por restar derechos a los trabajadores.

“Esta es una reforma laboral empresarial, pero tendremos que esperar cuáles son los fundamentos que el Gobierno expondrá en detalle. Cuando se habla de los grupos negociadores, ya establecerlos definitivamente para la negociación, significa debilitar la organización y generar un paralelismo, eliminando fueros, eliminando la posibilidad de concebir una mejor distribución del ingreso, que es lo que uno espera de estas instancias. Obviamente a partir de las condiciones que uno percibe en este proyecto, uno no puede estar a favor de legislar, porque claramente, reitero, apunta a ampliar derechos empresariales”, argumentó.

En tanto, para el abogado del programa legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo (LYD), John Henríquez, el proyecto del Ejecutivo significa un avance para definir aspectos que se terminaron judicializando, como lo fueron los aspectos que involucran servicios mínimos o grupos negociadores.

El jurista precisó que la iniciativa no es una sorpresa, ya que estaba dentro del programa del Presidente Sebastián Piñera. Además, agregó que es respaldada por recomendaciones emanadas desde una mesa técnica integrada por abogados y economistas.

“Todo aquello que avance en una mayor flexibilidad, tiende a lograr mayores espacios de productividad. Dentro de lo que se ha anunciado para este proyecto está regular la jornada horaria, para que las partes tengan mayor flexibilidad, por ejemplo, que las 45 horas semanales obligatorias, se puedan distribuir en cuatro días o jornadas por hora, esto va bien encaminado, hacia lo que el mercado laboral hoy exige”, subrayó.

Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), pidieron revisar las actuales leyes laborales, las cuales, según su presidente Alfonso Swett, están “obsoletas”.

En tanto, el diputado oficialista e integrante de la Comisión de Trabajo, Patricio Melero, llamó a debatir sin prejuicios el proyecto de reforma laborar del Gobierno. Así, planteó avanzar hacia una iniciativa que promueva la productividad.

Para su par en la Comisión, el diputado democratacristiano Raúl Soto, el proyecto de modificación del Código de Trabajo, “representa un grave retroceso”.

El parlamentario aseguró que el Gobierno “va en la dirección equivocada, tratando de legitimar las prácticas antisindicales, relativizando o retornando directamente al reemplazo en huelga y poniendo en jaque las indemnizaciones por año de servicio que podrían bajar su tope de 11 años a cuatro o cinco”.

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, informó recientemente que la propuesta ingresará al Parlamento durante el mes de enero, antes que termine el año legislativo, para que la reforma sea discutida durante el 2019.