Frenar la violencia de género era uno de los objetivos de la llamada Agenda Mujer del Gobierno de Sebastián Piñera, la que fue anunciada en la cuenta pública de 2018 y establece 12 medidas en salud, derechos laborales, matrimonio y protocolos de acoso.

Dentro de este plan de acción, es que la segunda administración de Piñera reactivó las diligencias de la iniciativa que modifica la ley de violencia intrafamiliar y amplía la tipificación del femicidio, proyecto conocido como Ley Gabriela.

Sin embargo, el pasado gobierno de Michelle Bachelet ya había presentado una iniciativa sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, normativa que continua en trámite y que fue despachada la semana pasada.

De acuerdo a la secretaria ejecutiva del Observatorio de Género y Equidad, Natalia Flores, “la ampliación del tipo penal de femicidio, que es lo que pretende la Ley Gabriela, es parte del proyecto de ley de una vida libre de violencia contra las mujeres. Entonces, no era necesario ingresar más instrumentos a la discusión, sino que hay que priorizar la discusión del proyecto anterior, aunque fuera de un gobierno previo y, quizás, perfeccionarlo”.

Asimismo, Flores aseguró que el proyecto de una vida libre de violencia “es bastante integral, entonces, solamente sacar instrumentos que tiendan a responder a partes del fenómeno de la violencia ya ha demostrado que no tiene mayores frutos. Aquí lo que hay que hacer es sacar un cuerpo marco integral, que aborde no sólo el tipo penal del femicidio, sino que establezca políticas y programas sociales que apunten a cambiar la cultura de este país”.

Finalmente, ninguna de las medidas presentadas por el Gobierno de Piñera contra la violencia hacia la mujer se ha materializado ni ha prosperado en el Congreso. Además, a ocho días de iniciado el 2019, son tres los femicidios registrados, mientras que en la totalidad del 2018 -según Ministerio de la Mujer y Equidad de Género- se contabilizaron 42.

“No lo dejes pasar”, la campaña que culpa a las mujeres

En noviembre de 2018, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género lanzó la campaña “No lo dejes pasar”, con el objetivo de reducir los niveles de violencia contra las mujeres.

No obstante, la propaganda fue muy criticada por organizaciones feministas, pues traslada la responsabilidad de la violencia de género hacia las víctimas. “La forma en que el gobierno ha decidido enfrentar la violencia de género, ha sido, primero, invisibilizando absolutamente las razones estructurales que hacen que se desarrolle la violencia y, segundo, liberándose absolutamente de la responsabilidad que hay en esa violencia, trasladándole inmediatamente a la víctima la responsabilidad de salir de ese espacio. Y esa, es una forma que demuestra claramente como el Gobierno concibe la violencia de género”, así lo afirmó la integrante de la organización Abogadas Feministas (Abofem), Francisca Millán.

Dentro de la misma línea, la secretaria ejecutiva del Observatorio de Género y Equidad, Natalia Flores, aseveró que “esta campaña retrotrae, no solamente responsabiliza a las mujeres, sino que traslada a la violencia a un espacio privado. Y lo que hace el gobierno es decirle a la sociedad: no se metan, este es un problema de ésta señora y ella tiene que responsabilizarse de salir de ahí”.

La necesidad de un cambio estructural 

Para la abogada e integrante de Abofem, Francisca Millán, el cambio social va de la mano con la instauración de una educación no sexista, demanda surgida del mayo feminista de 2018.

“La lucha por una educación no sexista lo que hace finalmente es tratar de rebatir desde la raíz la forma en que hoy hombres y mujeres son socializados e insertos en las estructuras de la sociedad, que hacen posible la materialización de la violencia. No solamente en cómo se reproducen estereotipos y roles, sino que, además, el sistema educacional está pensado para la reproducción de la precariedad en función al sistema neoliberal”, afirmó.

Asimismo, Natalia Flores planteó la necesidad de una legislación integral que establezca “cambios en términos de educación, de políticas de prevención y en las campañas. Además, de asumir un cambio cultural y de conformación social”.

Foto principal: Coordinadora Ni una menos