El sindicato de trabajadores del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), compuesto por aproximadamente 60 personas, entre técnicos, programadores, periodistas, recepcionistas y personal de mantención, continuó la huelga que comenzó el pasado martes.
Durante la jornada el gremio decidió trabajar en diferentes comisiones, de modo de reforzar ciertas demandas, particularmente aquellas ligadas a los derechos de la mujer.
“Hoy un punto muy importante que es el derecho a la maternidad. De alguna manera la empresa está haciendo tambalear un derecho que ya habíamos adquirido y, sobre la base de eso, se activa la campaña que hicimos en febrero de 2018, respecto de nuestras mamás”, indicó María José López, productora y dirigente del gremio.
“Esta es la primera vez que estamos en una huelga y, por ello, nos estamos articulando para conseguir lo que pedimos. Esto también tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de construir un espacio mucho más amigable. No hay que normalizar la miseria”, sostuvo.
En el transcurso del día también se vivieron dos episodios que tensionaron el desarrollo de las conversaciones: la denuncia de una trabajadora que indicó ser amedrentada por un grupo de guardias, y la suspensión de una reunión que debía efectuarse entre las partes a las 9:00 de la mañana.
Pese al conflicto, las actividades en el espacio continuaron sin mayores problemas. ¿Los motivos? La empresa decidió contratar a personal externo.
Los antecedentes del conflicto
El Código del Trabajo establece que “la negociación colectiva podrá tener lugar en las empresas del sector privado y en aquellas en las que el Estado tenga aportes, participación y representación”. En el caso del Centro Cultural Gabriela Mistral, la administración está a cargo de una organización de derecho privado sin fines de lucro y se financia, en un 50 por ciento, con aportes a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
La razón de la empresa administradora para declarar ilegal la huelga iniciada por los trabajadores está dada por la norma señalada en el inciso segundo del artículo 304 del mismo cuerpo legal: “Tampoco podrá existir negociación colectiva en las empresas o instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años calendario, hayan sido financiadas en más del 50 por ciento por el Estado, directamente o a través de derechos o impuestos”.
Por su parte, los trabajadores argumentan que la Dirección del Trabajo en dictamen de septiembre de 2014 fijó el alcance de la norma que prohíbe la negociación colectiva y señaló que esta debe aplicarse en forma restrictiva, por lo tanto, pese a que el GAM se financia en un 50 por ciento por el Estado, no puede ser incluido entre aquellos que no tienen derecho a la negociación colectiva.
Sin embargo, más allá del tema laboral, este tema es mucho más profundo ya que la movilización del GAM, en caso de generar un acuerdo, podría generar un precedente político para las negociaciones colectivas y el derecho a huelga de las corporaciones y fundaciones culturales.
Revisa aquí las demandas de los trabajadores: