En Arica, el Gobierno dio inicio al sistema de reparación y asistencia a víctimas por minas antipersonales y otros artefactos explosivos de origen militar, lo que beneficiará en hasta en 900 UF a afectados o herederos de fallecidos.

Los beneficios también establecen ayuda médica, rehabilitación e inclusión para los sobrevivientes.

La ley, que entró en vigencia oficialmente en 2018 pero aún no se había implementado por la redacción de los reglamentos, contempla también una asignación especial por fallecimiento de 45 UF por gastos fúnebres y establece que el Ministerio de Defensa deberá crear un Registro de Beneficiarios y un Catastro de Víctimas.

“Esta ley se demoró demasiado tiempo” lamentó el Presidente Sebastián Piñera.

“Hoy en Chile hemos tenido que lamentar 198 víctimas de minas antipersonales o de otros explosivos militares. 46 de ellas murieron a causa de la explosión y 152 sufrieron graves heridas que los van a acompañar, probablemente, durante toda su vida. Ese es el costo en vidas humanas y sufrimiento humano que significa el no saber cuidar y cultivar la paz.

Con esta normativa, Chile da cumplimento a uno de los compromisos de la Convención de Ottawa, suscrita por nuestro país en 2002 y que establece la prohibición, destrucción y limpieza de las zonas minadas, además de entrega de asistencia a las víctimas.